Mala conducta policial aun cuando haya sido eliminada debe revelarse si es útil para la defensa

El Tribunal Supremo de Canadá resolvió en el caso Chief of the Edmonton Police Service v. McKee, que la policía no puede dejar de informar antecedentes de mala conducta de sus funcionarios solo porque esos registros fueron eliminados administrativamente de sus expedientes.

El caso se originó cuando un acusado pidió conocer si los policías que participaron en su investigación tenían antecedentes disciplinarios. En un primer momento no se encontraron registros, pero después la defensa supo que uno de los detectives sí tenía un antecedente de mala conducta, aunque había sido eliminado de su hoja personal. La Fiscalía revisó esa información y estimó que debía ser entregada a la defensa.

El Tribunal sostuvo que la eliminación administrativa de un antecedente no significa que esa información deje de existir para efectos de un juicio penal. Si ese dato puede ser útil para que el acusado prepare su defensa, debe ser informado a la Fiscalía y eventualmente entregado a la defensa.

La Corte explicó que el deber de revelar información no depende de cómo la policía clasifique internamente sus archivos. Lo importante es si el antecedente puede ayudar razonablemente al acusado a responder a la acusación, cuestionar la investigación o preparar su estrategia de defensa.

También señaló que la privacidad de los funcionarios policiales debe ser protegida, pero no puede imponerse por sobre el derecho del acusado a un juicio justo. Para resguardar esa privacidad pueden usarse medidas como tachar datos sensibles, notificar al funcionario afectado o limitar la forma en que se entrega la información, pero no ocultar antecedentes relevantes.

El Tribunal agregó que la policía debe actuar con amplitud y buena fe al revisar estos antecedentes, y que la Fiscalía tiene el deber de investigar cuando toma conocimiento de información potencialmente relevante, aunque esta provenga de la defensa, de otro fiscal, de la prensa o de cualquier fuente confiable.

En definitiva, el Tribunal Supremo de Canadá concluyó que los registros de mala conducta policial, aunque hayan sido eliminados administrativamente, deben conservarse y evaluarse según su importancia para el juicio penal. La sentencia refuerza que el derecho a defensa y a un juicio justo no puede depender del estado interno de un expediente policial.