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Monto asciende a 8.200 euros
Justicia neerlandesa ordena a acusado reembolsar a la policía gastos de cuidado de sus mascotas tras su detención
El fallo analiza la obligación de un ciudadano de costear la mantención de sus perros y aves mientras permanecía privado de libertad. La justicia determinó que la policía debe informar oportunamente sobre estos gastos para que el propietario pueda buscar alternativas antes de ser obligado al pago total de los servicios de guardería.

La Corte de Apelación de Arnhem-Leeuwarden (Países Bajos) dictó una sentencia que obliga a un ciudadano a pagar más de 8.200 euros, además de intereses y costas procesales, a la policía. El monto corresponde a los gastos derivados del alojamiento de sus mascotas en una pensión especializada, luego de que el propietario fuera detenido y trasladado a un centro psiquiátrico a principios de 2021 debido a su comportamiento errático.
El caso se originó cuando la policía, al momento del arresto, encontró en el domicilio del hombre a ocho perros y seis aves. Ante la ausencia de cuidadores y la imposibilidad del dueño de hacerse cargo por su estado de salud, los animales fueron derivados a una guardería. Los costos acumulados por este servicio alcanzaron los 12.745 euros, cifra que la policía pretendía recuperar íntegramente mediante una demanda judicial que fue acogida en primera instancia.
Tras la apelación del afectado, el tribunal superior evaluó si la policía cumplió adecuadamente con la gestión de los intereses del dueño. La resolución judicial estableció una distinción temporal para determinar qué gastos deben ser reembolsados. Según el tribunal, el hombre debe cubrir los primeros días de estancia, ya que su estado de confusión mental impedía cualquier comunicación, y también el periodo posterior al 16 de febrero de 2021, fecha en la que fue notificado oficialmente del paradero de sus animales y pudo haber buscado una alternativa más económica.
Sin embargo, los magistrados eximieron al propietario del pago correspondiente al periodo entre el 13 de enero y el 16 de febrero. El tribunal consideró que, durante ese lapso, la policía no actuó correctamente al no informar al interesado lo antes posible sobre el traslado de las mascotas y los costos asociados. Al omitir esta comunicación, se privó al dueño de la oportunidad de organizar el cuidado de sus animales por otros medios, reduciendo así la responsabilidad económica total que se le imputaba originalmente.
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