Justicia de EE.UU. rechaza demanda contra autoridad de admisión a escuelas de derecho

El Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Este de Pensilvania resolvió desestimar una demanda colectiva que acusaba al Consejo de Admisión a las Facultades de Derecho de haber establecido un esquema de fijación de precios y monopolio en el acceso a la educación legal. Determinó que las acusaciones presentadas por el demandante no contaban con la claridad y coherencia necesarias para proseguir en su estado actual, aunque otorgó un plazo que vence el 12 de mayo para que se ingrese una versión corregida de la acción legal.

La acción judicial fue iniciada en 2025 bajo el argumento de que la organización, en conjunto con 197 facultades de derecho acreditadas, habría vulnerado las normas antimonopolio contempladas en la Ley Sherman. Según los antecedentes expuestos ante el tribunal, los solicitantes debían pagar un monto base de 260 dólares, el cual incluía una suscripción obligatoria y cobros adicionales por cada institución educativa seleccionada. El demandante sostuvo que este sistema permitió recaudar una cifra cercana a los 93 millones de dólares en un periodo de tres años.

Otro punto central de la denuncia se refería a la supuesta entrega de subvenciones de hasta 100 mil dólares por parte del organismo a las facultades miembros. El texto legal calificaba estos pagos como incentivos para asegurar la exclusividad y lealtad de las universidades hacia la plataforma de admisión. Sin embargo, el magistrado consideró que, si bien se acreditó la existencia de una acción concertada debido a la estructura de gobernanza del consejo, el demandante no logró definir de manera adecuada los mercados específicos que estarían siendo afectados por estas prácticas.

En su resolución, explicó que la acusación de monopolio resultaba insuficiente al centrar sus argumentos exclusivamente en el perjuicio hacia los postulantes, omitiendo los efectos sobre las facultades de derecho que también utilizan el servicio. Por su parte, la defensa de la institución argumentó que el modelo centralizado no constituye una conspiración, sino una forma de generar eficiencias que benefician tanto a los estudiantes como a las escuelas mediante la simplificación de los procesos administrativos.

A pesar del rechazo inicial, el tribunal dejó abierta la posibilidad de que el caso continúe si se presentan las correcciones pertinentes antes de la fecha límite establecida. Si el demandante logra subsanar las deficiencias técnicas mencionadas en el fallo, el proceso judicial se mantendrá bajo la competencia de la misma sede judicial para su posterior análisis.

Vea texto de la sentencia.