Inspección de Trabajo no puede ingresar a empresa sin autorización judicial

El Tribunal Supremo de España confirmó que la Inspección de Trabajo no puede entrar al domicilio de una empresa sin autorización judicial.

La decisión ratifica una sentencia anterior (Nº441/2026 de 14 de abril) que declaró ilegal el ingreso de funcionarios de la Inspección de Trabajo y de la Policía Nacional a una nave donde funcionaba una empresa de transporte. Aunque la actuación estaba dirigida a investigar a otra sociedad, el Tribunal sostuvo que igualmente se requería autorización judicial, porque el lugar al que se ingresó estaba protegido por la garantía constitucional de inviolabilidad del domicilio.

El caso llegó nuevamente al Tribunal Supremo porque la Abogacía del Estado presentó un incidente de nulidad, alegando que sí existía autorización judicial para la entrada. Sin embargo, el Tribunal rechazó ese argumento, señalando que durante todo el juicio la discusión se había basado precisamente en que esa autorización no existía. Por eso, estimó que intentar introducir ahora ese punto significaba plantear una cuestión nueva y alterar el objeto del proceso.

El Tribunal también aclaró que la protección del domicilio no corresponde solo a las personas naturales, sino también a las empresas. Por ello, la Administración no puede ingresar libremente a un domicilio ni justificar la entrada diciendo que la investigación estaba dirigida contra un tercero.

Además, el Tribunal rechazó que la Inspección de Trabajo pudiera invocar su derecho a la tutela judicial efectiva para reforzar sus facultades inspectoras cuando lo que está en juego es la protección de un derecho fundamental de un particular o de una empresa.

La sentencia precisó que solo podría admitirse una entrada sin autorización judicial en espacios empresariales no protegidos si se cumplen dos condiciones: que exista una separación física clara entre la zona de trabajo y las oficinas protegidas como domicilio, y que antes de la inspección se advierta expresamente que el acceso se limitará solo a la zona no protegida.

Como en este caso no se cumplía ninguna de esas exigencias, el Tribunal concluyó que la Inspección de Trabajo ingresó al domicilio social sin las garantías constitucionales necesarias.

Con esta decisión, el Tribunal Supremo Español refuerza que la potestad inspectora de la Administración tiene límites y que la entrada a un domicilio empresarial protegido exige autorización judicial previa.