Estado constitucional y lucha contra la corrupción. El caso peruano, por Rafael Rodríguez.

De un tiempo a esta parte el Congreso de la República viene aprobando una serie de normas legales que ponen en entredicho el compromiso del Estado peruano con la lucha contra la corrupción y el crimen organizado: 1) Ley 31990 (Colaboración Eficaz); 2) Ley 32107 (Delitos de Lesa Humanidad); 3) Ley 32108 (Organización Criminal). Es más, el Parlamento acaba de aprobar (en primera votación) una reforma al Código Procesal Penal que -según el propio Ministerio Público- viola flagrantemente el inciso 4 del artículo 159 de la Constitución, que establece como atribución del Ministerio Público la conducción de la investigación del delito desde su inicio y la obligación de la Policía Nacional de cumplir con los mandatos del Ministerio Público en el ámbito de dicha función, disposición constitucional que esta reforma desconoce olímpicamente.

Contra el Ministerio Público y el Poder Judicial

Así, las referidas leyes ya están siendo invocadas por personas involucradas en la comisión de delitos de corrupción y otros crímenes justamente para que se archiven las investigaciones (por la excepción de improcedencia de acción por organización criminal) o se declaren prescritos los delitos (incluso para el caso de graves violaciones contra los derechos humanos), entorpeciendo la persecución del delito (función constitucional del Ministerio Público) y la administración de justicia (función constitucional del Poder Judicial).