Corte Penal Internacional destituye a su fiscal jefe Karim Khan por conducta sexual inapropiada

Los Estados miembros de la Corte Penal Internacional (CPI) destituyeron a su fiscal jefe, Karim Khan, tras un procedimiento disciplinario por conducta sexual inapropiada. La decisión fue adoptada durante una sesión especial de emergencia celebrada en la sede de Naciones Unidas, en Nueva York.

La destitución fue aprobada por mayoría simple en una votación a puerta cerrada de la Asamblea de los Estados Partes, órgano integrado por los 125 países miembros de la Corte. Khan había sido elegido en 2021 para ejercer durante nueve años como fiscal del tribunal.

El presidente de la Asamblea informó que 82 Estados partes concluyeron que el fiscal incurrió en una conducta grave y en un incumplimiento de sus deberes, por lo que resolvieron removerlo del cargo. Al comunicar la decisión, llamó a resguardar la dignidad y privacidad de todas las personas involucradas.

Durante su gestión, Khan solicitó algunas de las órdenes de arresto de mayor impacto internacional emitidas por la CPI en los últimos años. Entre ellas se encuentra la dictada en 2023 contra el presidente de Rusia, Vladimir Putin, por presuntos crímenes de guerra relacionados con la deportación y el traslado ilegal de niños desde territorios ocupados de Ucrania.

Asimismo, en 2024 pidió la detención del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, y del exministro de Defensa israelí Yoav Gallant, a quienes atribuyó presuntos crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos en Gaza.

Tras estas órdenes, jueces y magistrados de la Corte fueron objeto de sanciones impuestas por Estados Unidos. Ese país, al igual que Israel, no forma parte de la CPI. Ambos firmaron el Estatuto de Roma en 2000, pero no lo ratificaron.

La noticia de la destitución coincidió con el anuncio de Venezuela de retirarse del Estatuto de Roma, tratado internacional que creó la Corte Penal Internacional. Según informó el canciller venezolano la decisión fue comunicada al secretario general de Naciones Unidas por Delcy Rodríguez, quien reemplazó a Nicolás Maduro después de que este fuera removido del cargo tras una intervención militar de Estados Unidos en el país.

Luego de la salida de Khan, la Asamblea de los Estados Partes deberá iniciar próximamente el proceso para elegir a un nuevo fiscal jefe.

Las denuncias por conducta sexual inapropiada contra Khan fueron presentadas en 2024. En noviembre de ese año, la CPI solicitó que la Oficina de Servicios de Supervisión Interna de Naciones Unidas realizara una investigación externa.

En mayo de 2025, Khan anunció que se apartaría temporalmente del cargo mientras se desarrollaba la investigación. Durante ese período, los fiscales adjuntos de la Corte asumieron la dirección de la Fiscalía.

En marzo de 2026, la Asamblea de los Estados Partes recibió las conclusiones de un panel de expertos judiciales. Posteriormente, en junio, la Oficina de la Asamblea realizó una evaluación basada en el informe de la Oficina de Servicios de Supervisión Interna, las pruebas reunidas, el asesoramiento de los especialistas y las presentaciones escritas efectuadas durante el procedimiento.

En su reunión del 8 de junio, la Oficina decidió, por mayoría cualificada, remitir el procedimiento disciplinario a la Asamblea. También resolvió suspender inmediatamente a Khan de sus funciones hasta que se adoptara una decisión definitiva y acordó convocar una sesión especial para pronunciarse sobre su permanencia en el cargo.

La Corte Penal Internacional fue creada en 2002 mediante el Estatuto de Roma con el propósito de investigar y juzgar a personas acusadas de los crímenes más graves para la comunidad internacional. Es el primer tribunal penal internacional permanente establecido por medio de un tratado y tiene competencia respecto de crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, genocidio y crímenes de agresión.

Desde su creación, la CPI ha establecido estándares internacionales para la persecución de estos delitos, ha dictado siete condenas y mantiene actualmente una lista de 34 casos.

Sin embargo, el tribunal no dispone de fuerzas policiales propias y depende de la cooperación de los Estados para ejecutar sus órdenes de arresto, especialmente de sus 125 países miembros.

La CPI tampoco reemplaza a los tribunales nacionales. Funciona como un tribunal de última instancia y solo interviene cuando los Estados no pueden o no están dispuestos a investigar y juzgar seriamente los crímenes sometidos a su competencia. La responsabilidad principal de perseguir y sancionar a los autores de los delitos internacionales más graves continúa radicada en cada país.