Corte Interamericana condena a Argentina por violar derechos de recluso

La Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró a la República Argentina responsable internacionalmente por la violación de los fines de reinserción y reintegración social en la ejecución de la pena, así como por la vulneración de los derechos a la libertad personal, a las garantías judiciales y a la protección judicial en perjuicio de Guillermo Patricio Lynn.

El caso se originó cuando Lynn, durante la ejecución de su condena, fue incorporado al período de prueba del régimen de progresividad, lo que le permitió gozar del beneficio de salidas transitorias desde el 17 de diciembre de 1998. Sin embargo, el 26 de marzo de 2000, el jefe de turno del penal informó al director del establecimiento que el interno se había presentado al regresar “en aparente estado de ebriedad”. Ese mismo día, el director dispuso una medida de aislamiento por 24 horas y, al día siguiente, ordenó la instrucción de un sumario disciplinario.

Lynn negó haber estado ebrio y manifestó su intención de impugnar la sanción ante el juez de ejecución. No obstante, fue sancionado con cinco días de permanencia en celda por infracción al Reglamento de Disciplina para los Internos, que tipifica como falta media el regresar del medio libre bajo los efectos del alcohol o estupefacientes.

El 28 de marzo de 2000, el Consejo Correccional del penal propuso retrotraer a Lynn del período de prueba al de socialización, medida que el director aprobó y comunicó al juez de ejecución, quien posteriormente revocó el beneficio de salidas transitorias y autorizó su traslado a otra unidad penitenciaria del interior del país.

Lynn presentó un escrito ratificando su apelación contra la sanción, pero el juez no la admitió por considerarla extemporánea. La defensora pública oficial designada interpuso recursos de casación y queja, ambos denegados por falta de competencia. A su vez, el juez de ejecución desestimó un recurso de revocatoria contra la decisión de retrotraer el régimen, y la Cámara Nacional de Casación Penal declaró nuevamente inadmisible la queja presentada.

El 17 de junio de 2000, Lynn fue trasladado a la Colonia Penal de General Roca, en la provincia de Río Negro. Posteriormente, el 3 de febrero de 2003 recuperó el beneficio de salidas transitorias y el 7 de mayo del mismo año obtuvo la libertad condicional, efectiva desde el 28 de mayo. Falleció el 13 de mayo de 2007.

La Corte Interamericana concluyó que el Estado argentino incurrió en responsabilidad internacional por múltiples vulneraciones a las garantías procesales durante el procedimiento disciplinario instruido contra Lynn, quien se hallaba cumpliendo condena en un centro penitenciario bonaerense. Asimismo, el tribunal determinó que el Estado no garantizó una protección judicial efectiva, ya que el juez de ejecución penal omitió controlar la legalidad de la actuación administrativa y no evaluó la proporcionalidad de las sanciones en relación con los fines de reinserción social que deben regir la ejecución de la pena.

Según la sentencia, las decisiones judiciales y administrativas dispusieron arbitrariamente la regresión en el régimen de progresividad, lo que derivó en la revocación de los beneficios penitenciarios sin un análisis adecuado de su impacto en la rehabilitación del condenado.

La Corte declaró que Argentina violó los artículos 5.6, 7.1, 7.2, 7.3, 8.1, 8.2, 8.2.b), 8.2.c), 8.2.d), 8.2.f), 8.2.h) y 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con el artículo 1.1 del mismo tratado, en perjuicio de Guillermo Patricio Lynn.

Como medida de reparación, el tribunal ordenó al Estado argentino diseñar e implementar un plan de capacitación permanente y obligatorio sobre estándares internacionales de derechos humanos, dirigido a funcionarios penitenciarios y jueces competentes en materia de ejecución penal, con el objetivo de prevenir futuras violaciones a los derechos de las personas privadas de libertad.

Vea sentencia Corte Interamericana caso “Lynn vs. Argentina”.