Corte Constitucional de Colombia establece que autoridades deben proteger a funcionarios amenazados por grupos armados

La Corte Constitucional de Colombia resolvió la acción de tutela presentada por el rector de un establecimiento educativo rural, quien fue blanco de amenazas de muerte por parte de grupos armados ilegales. El funcionario solicitó en reiteradas ocasiones su traslado laboral por motivos de seguridad y convivencia, pero su superior jerárquico rechazó las peticiones basándose en que el nivel de riesgo fue calificado como ordinario por la Unidad Nacional de Protección y en la existencia de prioridades para cubrir las vacantes disponibles.

El tribunal determinó que, ante situaciones que pongan en peligro la integridad de un trabajador, las entidades públicas deben actuar con diligencia para garantizar su seguridad. La Corte aclaró que la potestad de ordenar traslados por razones de seguridad no depende exclusivamente de las recomendaciones de protección externas, sino que puede ejercerse mediante una interpretación que considere hechos reales que afecten la vida, la libertad y la seguridad personal del educador.

En el análisis del caso, se identificó que la negativa de la autoridad administrativa vulneró los derechos al debido proceso, al trabajo en condiciones dignas y a la salud. El fallo resalta que el estrés y las afectaciones socioemocionales derivadas de las amenazas y los conflictos internos de convivencia escolar deben ser atendidos por las rutas de medicina laboral, las cuales pueden determinar la conveniencia de un traslado por razones médicas.

Aunque la Corte declaró la carencia actual de objeto por hecho superado, debido a que la entidad finalmente activó el protocolo de traslado, el tribunal optó por amparar los derechos fundamentales del rector. La sentencia incluyó una orden para que se realice una evaluación médica exhaustiva y se convoque al consejo directivo de la institución original para analizar los problemas de convivencia que motivaron la solicitud inicial.

Por último, la Corte realizó un llamado de atención a las autoridades involucradas para que en casos futuros se ajuste estrictamente a las reglas jurisprudenciales establecidas. La resolución reafirma que los motivos de seguridad deben ser comprobados objetivamente y tramitados bajo un procedimiento que respete las garantías fundamentales de los funcionarios públicos.

Vea sentencia Corte Constitucional de Colombia T-052-26.