California (EE.UU) aprueba ley que prohíbe a agentes policiales utilizar máscaras y cubierta facial durante operativos

El gobernador de California, Gavin Newsom, firmó la Ley 627 del Senado, conocida como “Ley de No Policía Secreta”, que regula el uso de cubiertas faciales por parte de agentes policiales y de seguridad en el estado. Con esta normativa, que entrará en vigor el 1 de enero de 2026, California se convierte en el primer estado del país en establecer limitaciones explícitas al empleo de máscaras en operativos oficiales.

La propuesta legislativa fue impulsada por el senador Scott Wiener, representante demócrata por San Francisco, y surge como respuesta a prácticas observadas durante operativos migratorios federales en años recientes. El texto prohíbe, en términos generales, el uso de pasamontañas, máscaras tácticas u otros elementos que impidan la identificación de los agentes, salvo en situaciones excepcionales definidas en la ley.

Entre las circunstancias contempladas como válidas para el uso de cubiertas faciales se incluyen operaciones de equipos SWAT, misiones encubiertas debidamente autorizadas, la utilización de mascarillas médicas o respiradores por motivos de salud y seguridad laboral, así como cascos y otros equipos requeridos para prevenir riesgos.

La normativa también establece que, a más tardar el 1 de julio de 2026, todas las agencias policiales y de seguridad que operen en California deberán contar con políticas que regulen el uso de máscaras. Dichos protocolos deberán publicarse y precisar en qué casos se permite el uso de cubiertas faciales, prohibiendo su aplicación de manera general bajo el argumento de proteger la seguridad de los agentes.

El incumplimiento de la ley podrá ser sancionado como infracción o delito menor. Asimismo, se dispone que los funcionarios que, en el ejercicio de sus funciones enmascarados, cometan violaciones a derechos civiles como detenciones arbitrarias, arrestos sin causa o agresiones, quedarán expuestos a sanciones civiles que incluyen compensaciones mínimas de 10.000 dólares.

En la carta enviada a la Legislatura al momento de la firma, el gobernador Newsom señaló que la medida busca reforzar la transparencia en las labores de seguridad pública. Al mismo tiempo, destacó la necesidad de una legislación complementaria que precise los alcances de las excepciones y asegure que los agentes que actúen conforme a la normativa no enfrenten responsabilidades innecesarias.

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS), encabezado por la secretaria Kristi Noem, expresó oposición a la promulgación de esta ley. La entidad sostuvo que la norma podría dificultar operaciones federales realizadas en territorio californiano.

En contraste, organizaciones civiles y colectivos vinculados a la defensa de derechos humanos manifestaron su apoyo a la iniciativa. Entre ellos, la Alianza de Fiscales en Acción, la Coalición del Interior para la Justicia de los Inmigrantes y el Fondo México-Americano para la Defensa Legal y la Educación (MALDEF), que destacaron la importancia de contar con medidas de regulación en este ámbito.

Autoridades estatales argumentan que la implementación de esta normativa pretende evitar confusión y riesgos de usurpación de identidad, como se ha registrado en otros estados, donde particulares se han hecho pasar por agentes encubiertos. Durante la ceremonia de firma, el gobernador Newsom subrayó que los cuerpos de seguridad deben identificar la institución a la que pertenecen y entregar información básica al público durante sus intervenciones.

Vea texto de la ley.