Baltasar Garzón insiste en anular su expulsión de la judicatura

El abogado y exmagistrado de la Audiencia Nacional de España, Baltasar Garzón, de 69 años —cumplirá 70 el próximo 26 de octubre—, ha reiterado ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) su solicitud de anular los acuerdos de febrero de 2012 que decretaron su expulsión de la carrera judicial, tras la condena por prevaricación dictada por el Tribunal Supremo.

El pasado 8 de octubre, el Pleno del CGPJ rechazó por 18 votos contra 3 admitir a trámite la petición de revisión de Garzón, argumentando “carencia manifiesta de fundamento”. El órgano de gobierno de los jueces sostuvo que la sentencia del Tribunal Supremo sigue siendo “válida” mientras no sea revisada o declarada nula por las vías judiciales pertinentes, y recordó que el Consejo, al no ser un órgano jurisdiccional, carece de competencia para anular una resolución del alto tribunal.

Según el CGPJ, mientras el fallo del Tribunal Supremo “no sea revisado o declarado nulo”, la expulsión de Garzón continúa siendo “válida” y su cumplimiento “obligatorio”, conforme al artículo 118 de la Constitución.

Pese a no haber recibido aún la notificación formal del acuerdo del Pleno, Garzón ha vuelto a dirigirse al Consejo para insistir en la nulidad de los acuerdos que lo apartaron de la judicatura, sosteniendo que contravienen el Dictamen del Comité de Derechos Humanos de la ONU, emitido el 13 de julio de 2021.

En un nuevo escrito presentado por su defensa, el exmagistrado reclama al CGPJ que cumpla íntegramente el dictamen internacional, que concluyó que España vulneró en su caso tres derechos fundamentales: el derecho a un tribunal independiente e imparcial, el derecho a la doble instancia, y el derecho a una resolución previsible y no arbitraria.

Garzón sostiene que dichas vulneraciones derivaron directamente en su separación como titular del Juzgado Central de Instrucción Nº 5 de la Audiencia Nacional. Además, acusa al Consejo de eludir el fondo del dictamen de Naciones Unidas, al abrir un procedimiento ordinario de rehabilitación que, según su defensa, “reduce la resolución internacional a un trámite burocrático sin valor jurídico”.

El exmagistrado recuerda que el dictamen del Comité de Derechos Humanos de la ONU es vinculante y obliga al Estado español —y, por tanto, al CGPJ— a reparar íntegramente el daño causado, lo que, en su opinión, incluye su restitución en el cargo. Desde el Consejo, sin embargo, no comparten esa interpretación.

Garzón se acerca además a la edad de jubilación obligatoria, que la ley fija en los 70 años, salvo que el CGPJ conceda una prórroga excepcional de hasta dos años, previa evaluación de idoneidad y necesidad del servicio, algo que no podrá solicitar mientras siga formalmente fuera de la carrera judicial.