Autoridades deben respetar la dignidad humana de profesores que padecen problemas de salud mental al evaluar sus traslados, resuelve la Corte Constitucional de Colombia.

La Corte Constitucional de Colombia acogió las acciones de tutela deducidas por dos profesores que solicitaron sin éxito su traslado laboral por razones médicas, amparando así sus derechos fundamentales a la salud y al debido proceso. La Corte razonó sobre la vinculación existente entre la salud de los docentes y la dignidad humana, al considerar que estos deben ser tratados con estima y consideración en razón de su vulnerabilidad y que, del mismo modo, se debe respetar su voluntad en estos casos.

En el primer caso, el accionante alegó que la entidad encargada de gestionar el traslado vulneró sus derechos fundamentales y los de sus hijas menores, al exigirle la selección de cinco municipios en lugar de otorgarle el traslado definitivo al municipio elegido. Sostuvo que dicha decisión desconoció su derecho a la salud mental, a la unidad familiar, al trabajo en condiciones dignas y al debido proceso, por no ponderar debidamente su estado de salud.

En el segundo caso, el docente adujo que la negativa de traslado, por falta de plazas disponibles, vulneró sus derechos fundamentales a la salud, al trabajo digno, al debido proceso y a la protección especial como persona con discapacidad. Señaló que la entidad accionada no consideró adecuadamente su condición de salud al rechazar su solicitud, lo que afectó su estabilidad laboral y su bienestar personal.