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Actualidad Internacional

Mientras resuelve el fondo del caso.

Aplicación de ley federal contra el lavado de activos es suspendida provisionalmente por tribunal estadounidense.

En el caso Texas Top Cop Shop, Inc. v. Garland, los demandantes plantearon objeciones a la aplicación de la CTA, aduciendo que las exigencias de presentación de informes son inconstitucionales o ilegales. Entre las cuestiones invocadas se incluyen preocupaciones relacionadas con la privacidad de los datos empresariales y la carga que dicha normativa impondría a las pequeñas y medianas empresas.

Por LUIS EDWARDS TAPIA·03 de enero de 2025·2 min de lectura
imagen: transversal-otec.cl
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El Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos para el Quinto Circuito, dictó una orden que suspende temporalmente la aplicación de las disposiciones de la Ley de Transparencia Corporativa (Corporate Transparency Act, en adelante «CTA»). Esta decisión se adoptó en respuesta a un litigio en curso que cuestiona la constitucionalidad y legalidad de dicha normativa, cuya implementación estaba programada para un plazo cercano.

La CTA, promulgada en 2021 como parte de la Ley de Autorización de Defensa Nacional (National Defense Authorization Act), tiene como objetivo establecer un régimen de transparencia en la propiedad de entidades corporativas y sociedades de responsabilidad limitada. Según esta ley, las empresas están obligadas a presentar informes ante la Red de Control de Delitos Financieros (Financial Crimes Enforcement Network, FinCEN), para identificar a los beneficiarios finales de dichas entidades. Esta normativa busca combatir el uso de estructuras corporativas para actividades ilícitas como el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.

En el caso Texas Top Cop Shop, Inc. v. Garland, los demandantes plantearon objeciones a la aplicación de la CTA, aduciendo que las exigencias de presentación de informes son inconstitucionales o ilegales. Entre las cuestiones invocadas se incluyen preocupaciones relacionadas con la privacidad de los datos empresariales y la carga que dicha normativa impondría a las pequeñas y medianas empresas. Los demandantes solicitaron la suspensión de la aplicación de la ley mientras se resuelven los argumentos de fondo.

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