Corte Suprema sostiene que debate sobre dilación del sumario es de naturaleza jurídica controvertida

La Corte Suprema revocó la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Chillán y rechazó un recurso de protección presentado por un ex funcionario del Consejo Regional de Ñuble, quien alegaba que el sumario administrativo seguido en su contra —extendido por más de cuatro años— vulneró su derecho a la igualdad ante la ley y culminó en una destitución arbitraria.

El recurrente sostuvo que el sumario administrativo iniciado en 2020 y culminado con su destitución en 2025 se tramitó con graves irregularidades y una extensión injustificada de más de cuatro años, vulnerando los principios de celeridad, economía procedimental e inexcusabilidad establecidos en la Ley N°19.880 y en el Estatuto Administrativo. Alegó que no se respetaron los plazos legales, que nunca se solicitaron oportunamente las prórrogas exigidas, que se decretaron reaperturas sin fundamento, y que el procedimiento careció de un debido análisis de la prueba rendida, omitiendo consideraciones esenciales de sus descargos y testimonios. Añadió que la resolución sancionatoria no ponderó adecuadamente el mérito de la investigación, incurrió en diferencias arbitrarias respecto de otros funcionarios sumariados en plazos razonables y, en consecuencia, solicitó la anulación del sumario, su restitución al cargo y el reconocimiento de las garantías constitucionales que estimaba vulneradas.

El Gobierno Regional de Ñuble solicitó el rechazo del recurso, afirmando que la tramitación del procedimiento disciplinario se ajustó plenamente al marco normativo y que la extensión del sumario obedeció a la gravedad y multiplicidad de denuncias por hostigamiento y malos tratos recibidas entre 2020 y 2023, lo que justificó reaperturas y prórrogas autorizadas mediante las resoluciones correspondientes. Sostuvo que el recurrente ejerció su derecho a defensa, presentó descargos, ofreció prueba documental y testimonial, y que todas sus alegaciones fueron analizadas por el fiscal del procedimiento. Añadió que los plazos del Estatuto Administrativo no son fatales, que la demora no constituye causal de invalidación del sumario y que no existe acto ilegal o arbitrario atribuible al servicio, por cuanto la autoridad actuó en ejercicio regular de su potestad disciplinaria y en resguardo del interés público.

La Corte de Chillán acogió el recurso al estimar que la Administración incurrió en una dilación injustificada del procedimiento disciplinario, vulnerando los principios de celeridad, economía procedimental, conclusividad e inexcusabilidad previstos en la Ley N° 19.880, así como la igualdad ante la ley del recurrente, dado que el sumario se prolongó por más de cuatro años sin justificación legal ni gestiones oportunas para su avance. El tribunal sostuvo que el exceso de plazo tornó ineficaz el procedimiento, configurando un decaimiento que impedía continuar su tramitación y que hacía ilegal la resolución sancionatoria final. En consecuencia, dejó sin efecto el sumario y la destitución, ordenó la reincorporación del actor y dispuso el pago de remuneraciones por el período transcurrido hasta su reintegro.

En contra de la sentencia de primer grado, tanto el recurrente como el recurrido interpusieron recurso de apelación.

El máximo Tribunal revocó la sentencia en alzada y rechazó el recurso de protección. Tras revisar los antecedentes de hecho y de derecho, sostuvo que las alegaciones del actor no permitían configurar un derecho indubitado susceptible de tutela cautelar. En particular, advirtió que existía una controversia jurídica relevante respecto del carácter fatal o no de los plazos del sumario administrativo, así como sobre la posibilidad de justificar la dilación en su tramitación. Destacó que ni el ordenamiento ni la jurisprudencia consolidada entregan una respuesta categórica que respalde la tesis del recurrente relativa a la extinción del procedimiento por el solo transcurso del tiempo.

Asimismo, la Corte Suprema enfatizó que el debate planteado excedía la naturaleza y finalidad del recurso de protección, en tanto las discrepancias entre las partes se centraban en cuestiones técnicas y de interpretación normativa propias del procedimiento disciplinario. Señaló que el supuesto incumplimiento de plazos no podía, por sí solo, equipararse a una causal de término del procedimiento prevista en la Ley N° 19.880 o en el Estatuto Administrativo, ni a una limitación de las facultades permanentes de los órganos de la Administración para ejercer potestades disciplinarias.

Finalmente, el máximo Tribunal razonó que, dado que el conflicto involucraba materias controvertidas en sus presupuestos fácticos y jurídicos, la vía idónea para determinar la eventual ilegalidad o arbitrariedad del acto administrativo no era el recurso de protección, sino los mecanismos ordinarios de impugnación administrativa o judicial. En consecuencia, concluyó que la naturaleza del asunto impedía el amparo constitucional solicitado, sin perjuicio de las acciones que el actor pudiera ejercer en otras sedes.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema rechazó el recurso de protección.

Vea sentencia Corte Suprema Rol N°12531-2025 y Corte de Chillán Rol N°154-2025 (Protección).