Tres militares procesados por la desaparición forzada de Luis Eduardo González en 1974

La jueza en lo penal de 23º turno, Isaura Tórtora, dispuso el procesamiento con prisión de los militares en situación de reforma Glauco Yanone, Mario Aguerrondo y Gustavo Criado por la desaparición forzada de Luis Eduardo González González, militante del Partido Comunista Revolucionario (PCR), ocurrida en el Regimiento de Caballería 6 en diciembre de 1974.

Según la sentencia, González y su esposa Elena Zaffaroni fueron secuestrados en su domicilio de Pocitos sobre las dos de la madrugada del 13 de diciembre de 1974 por efectivos vestidos de civil que se identificaron como integrantes de las Fuerzas Conjuntas. El operativo contra el PCR fue comandado por el Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas (OCOA), entonces bajo el comando del general Esteban Cristi (fallecido), e implicó la detención de 37 personas. Trasladados al Regimiento de Caballería 6, González fue asesinado bajo tortura el 26 de diciembre de 1974. La dictadura emitió un comunicado dando cuenta de su fuga para ocultar el crimen.

La investigación del fiscal de Delitos de Crímenes de Lesa Humanidad Ricardo Perciballe determinó que Yanone, Aguerrondo y Criado participaron en las detenciones e interrogatorios bajo tortura. Yanone fue identificado por varias víctimas, entre ellas Zaffaroni, como uno de los torturadores del Regimiento. Aguerrondo, que en 1974 era jefe de la División de Informaciones del OCOA, consta en su legajo por el rol en la confección de documentos que permitieron la detención de miembros del PCR. Criado, oficial del OCOA identificado por múltiples víctimas, había negado ante la Justicia su actuación en ese organismo, pese a constar en documentos de la época.

Tórtora fundamentó la tipificación de desaparición forzada, delito establecido en 2006, argumentando que se continúa cometiendo mientras no aparezcan los restos y que constituye un delito permanente. Aclaró que los hechos exceden la figura del homicidio, ya que vulneran "los derechos de los familiares de las víctimas, la convivencia pacífica en sociedad y el Estado de Derecho".

Zaffaroni, quien permanece en cautiverio siendo gestante, recordó los obstáculos enfrentados desde la primera denuncia presentada en 1985, antes de la aprobación de la Ley de Caducidad en 1986. "Pensé que no lo iba a ver", expresó, y señaló que la sentencia, si bien constituye un pronunciamiento judicial, no cierra las causas penales enfocadas en determinar el paradero de los restos.