Senadores impulsan proyecto de ley para instituir juicios por la verdad en causas de violaciones graves

Senadores del Frente Amplio presentaron un proyecto de ley para establecer los denominados "juicios por la verdad", mecanismo judicial especial destinado a esclarecer violaciones graves a los derechos humanos sin recurrir a sanciones penales. El proyecto se encuentra en estudio de la Comisión de Constitución y Legislación de la Cámara de Senadores.

Según establece la iniciativa, el objetivo es "esclarecer las violaciones a los derechos humanos cometidas por agentes del Estado" y así "tutelar el derecho a la verdad de las víctimas y el derecho de la sociedad a conocerla". El articulado prioriza "aquellos hechos que constituyen crímenes de lesa humanidad, desapariciones forzadas, torturas y otros graves delitos que marcaron la historia nacional", incluyendo persecución política, destituciones, exilios forzosos y la situación de hijos de presos políticos.

El senador Eduardo Brenta, uno de los impulsores del proyecto, señaló que estos juicios podrían aplicarse también a casos de abuso sexual u otras violaciones graves a los derechos humanos, más allá de situaciones vinculadas al pasado dictatorial. Explicó que la iniciativa surge porque "por una cuestión de prescripciones de algunos delitos, en realidad no se llega a la verdad", y para abordar situaciones como la de militares prófugos que obstaculizan el acceso a la justicia.

El proyecto toma como antecedente el caso argentino de Carmen Aguiar de Lapacó, madre de Plaza de Mayo cuya demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) derivó en un acuerdo estatal que reconoce 'el derecho a la verdad, que consiste en el agotamiento de todos los medios para alcanzar el esclarecimiento acerca de lo sucedido con las personas desaparecidas'. También considera un juicio por la verdad argentino iniciado por un escribano armenio respecto del genocidio armenio.

Los juicios por la verdad podrán ser promovidos por la Fiscalía General de la Nación, organizaciones de derechos humanos reconocidas por la Institución Nacional de Derechos Humanos, y las víctimas o sus representantes. Las audiencias serán públicas y orales, aunque el tribunal podrá adoptar "medidas necesarias para proteger la intimidad y dignidad de las víctimas". Las víctimas y sus familiares tendrán derecho a asesoramiento jurídico gratuito, medidas de protección y acceso a información sobre el desarrollo del juicio.

El proyecto establece que estos procesos se promoverán cuando 'los procesos judicales ordinarios no hayan concluido con sentencia definitiva por falta de requisitos procesales, por prescripción o por causas de conclusión anticipada', aclarando que "no implican la imposición de sanciones penales ni la determinación de responsabilidad penal". Aun así, la prueba constituida podría utilizarse en futuras acciones judiciales.

La iniciativa crea además un observatorio de la verdad y la memoria encargado de "monitorear, analizar y difundir los resultados de los juicios por la verdad, promoviendo políticas públicas de memoria, verdad y reparación".