Fiscalía investiga a familiares de imputado y da 90 días para lograr resarcimiento a víctimas

En el marco de la investigación por la estafa millonaria de la sociedad de bolsa Pérez Marexiano, la fiscalía a cargo de Sandra Fleitas inició una pesquisa sobre la hermana y la entonces esposa de uno de los tres imputados, ante la evidencia de que fondos de inversores fueron desviados a cuentas de esas personas. Según detalló la fiscal, de un total de US$ 576.548 que los clientes depositaron en la cuenta del BROU de la firma, US$ 322.622 no se acreditaron en sus cuentas personales sino que terminaron en cuentas vinculadas al imputado que armó un "escenario de humo": US$ 153 mil a su nombre, US$ 133 mil a nombre de su hermana y US$ 27 mil a su entonces cónyuge. Lo mismo ocurrió con otros US$ 254 mil.

La investigación busca determinar si las dos mujeres participaron en las maniobras y se beneficiaron del dinero estafado o, por el contrario, fueron también engañadas por el familiar directo. Ese imputado —inicialmente procesado por estafa continuada y falsificación de documento— captaba inversiones pero nunca abrió cuentas reales, según la fiscalía, y el dinero "nunca se recuperó".

En una reunión convocada por la fiscalía con los abogados de las víctimas y los defensores de los imputados, el representante de los titulares de Pérez Marexiano, el penalista Jorge Barrera, manifestó "buena voluntad" para solucionar el conflicto pero reconoció no estar en condiciones de hacer una oferta concreta. Solicitó un plazo para analizar la carpeta investigativa, y la fiscal accedió a fijar 90 días para una eventual negociación económica. No obstante, advirtió que ya prepara la acusación —cuyo vencimiento en el caso del primer imputado opera en febrero— y que pedirá penas de penitenciaría y llevará la causa a juicio oral.

Los imputados enfrentan cargos por asociación para delinquir en calidad de autores, en concurrencia con estafa en calidad de coautores. Otro de los letrados, defensor de una exsocia que se presenta como víctima pero a la vez es denunciada por damnificados, dijo que la fiscalía no ha hallado evidencias para formalizarla y ratificó que su defendida es una de las más perjudicadas económicamente.

La vía del acuerdo reparatorio está prevista en el nuevo Código del Proceso Penal (Ley N° 19.293) y puede incidir en la pena si se logra un resarcimiento. La estafa y la asociación para delinquir son delitos graves que, según el Código Penal, pueden acarrear varios años de privación de libertad. Por ahora, la fiscalía mantiene abiertas todas las líneas de investigación mientras las víctimas aguardan una propuesta que devuelva al menos parte de lo invertido.