Justicia rechaza prescripción y define testigos para juicio contra exsenador

La Fiscalía de Delitos Económicos y Complejos de 2° Turno, a cargo de la fiscal Sandra Fleitas, formuló acusación contra el exsenador frenteamplista Charles Carrera por los delitos de fraude, utilización indebida de información privilegiada y falsificación ideológica por funcionario público en calidad de autor. La imputación se relaciona con hechos ocurridos durante su gestión como director general de la Secretaría del Ministerio del Interior, entre 2010 y 2017.

En una audiencia de control de acusación, la jueza de Crimen Organizado de 2° Turno, Diovanet Olivera, rechazó el pedido de prescripción planteado por la defensa del exlegislador. Los abogados defensores argumentaron que, según el artículo 117 del Código Penal, los delitos con penas máximas de entre cuatro y seis años de penitenciaría prescriben a los diez años de ocurridos los hechos, por lo que cualquier conducta anterior al 11 de junio de 2015 estaría extinguida. Sin embargo, la magistrada entendió que el delito no se extinguió porque puede haber continuidad en las conductas, admitiendo la figura del delito continuado en la acusación fiscal.

La denuncia original fue presentada en julio de 2022 por las autoridades del Ministerio del Interior encabezadas por el entonces ministro Luis Alberto Heber. El expediente investiga la habilitación de asistencia médica en el Hospital Policial a un hombre que en noviembre de 2012 recibió el impacto de una bala perdida, presuntamente proveniente de una celebración en una casa vecina, y la entrega de ticket de alimentación del ministerio.

Durante la audiencia, el equipo fiscal propuso 23 testigos para el juicio oral, entre los que se destaca el propio Luis Alberto Heber, cuya participación fue admitida por la defensa. Por su parte, los abogados de Carrera, Juan Manuel González Rossi y Lucía Fernández, anunciaron una nómina de 70 testigos. La admisibilidad de la prueba será el paso previo para la fijación del juicio oral y público.

En el derecho penal uruguayo, el artículo 117 del Código Penal establece los plazos de prescripción de los delitos en función de la pena máxima prevista. Para figuras como el fraude o la falsificación ideológica, esos plazos oscilan entre cuatro y diez años, pero la prescripción puede interrumpirse por actos procesales o no consumarse cuando se trata de un delito continuado, es decir, una secuencia de acciones con unidad de resolución criminal. La decisión de la jueza Olivera se basa en ese instituto y permite que el caso avance hacia la etapa de debate con la calificación de delito continuado.