Ministros Lazo y Negro discrepan sobre necesidad de ley para uso policial de vehículos Mamba

La utilización de vehículos blindados del Ministerio de Defensa Nacional por parte de la Policía Nacional ha generado posiciones encontradas entre los titulares de ambas carteras. La ministra Sandra Lazo y el ministro Carlos Negro discreparon en el Parlamento respecto al marco jurídico necesario para que estos recursos puedan ser empleados en operativos de seguridad pública.

El convenio celebrado entre los ministerios, informado tras el Consejo de Ministros del 26 de junio, habilita al Ministerio del Interior a acceder hasta doce vehículos blindados de cinco modelos: Condor, Vodnik, Urutu, Mowag y Mamba. Sin embargo, la situación de estos últimos presenta una complejidad adicional, ya que llegaron al país a través de una donación modal de Estados Unidos con un fin específico: su uso en misiones de paz.

La ministra Lazo expuso en comisión parlamentaria que para la utilización de los Mamba no basta con una simple comisión de servicios. "Yo coincido en que no es solamente la comisión de servicios. Yo creo que así como en otras oportunidades tenemos Guardia Perimetral, Ley de Fronteras, necesitamos un marco jurídico concreto, específico que resguarde a todas las partes", afirmó. La jerarca explicó que, por tratarse de vehículos tácticos, solo pueden ser manejados por personal militar, lo que exigiría la participación de un militar en los operativos policiales y, por consiguiente, un marco legal que otorgue garantías.

Al día siguiente, el ministro Negro defendió una postura opuesta ante la comisión de Hacienda, durante el tratamiento de la Rendición de Cuentas. "Con respecto a los vehículos blindados, nosotros celebramos un convenio con el Ministerio de Defensa, en virtud de una resolución del Poder Ejecutivo firmada por el Consejo de Ministros, y entendemos que lo que allí está establecido, claramente, no requiere de una ley", sostuvo.

El titular de Interior analizó además el proyecto de ley presentado por el senador colorado Andrés Ojeda, que propone la participación de militares en operativos de seguridad pública. Negro distinguió entre los distintos supuestos: la conducción, operación y mantenimiento de los vehículos no requeriría una ley, a su juicio, pero sí lo exigiría el apoyo y la cobertura a las unidades policiales en el cumplimiento de sus funciones. "Claramente, el proyecto de ley del senador Ojeda establece que los militares intervengan en el apoyo y cobertura de unidades policiales en el cumplimiento de sus funciones. Esto es hacer participar directamente a los militares en los operativos policiales, y requiere de una ley", consideró.

La discusión se enmarca en el sistema constitucional uruguayo, donde la Ley de Defensa Nacional N° 18.650 y la Ley Orgánica Policial N° 19.315 establecen ámbitos de actuación diferenciados para las Fuerzas Armadas y la Policía. Cualquier intervención militar en tareas de seguridad interna requiere, como regla general, habilitación legal expresa, siguiendo el principio de legalidad que rige la actuación de la fuerza pública. La consulta sobre la donación modal de los Mamba fue elevada por el presidente Yamandú Orsi al embajador de Estados Unidos, aunque hasta el momento no ha habido respuesta.