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Nacional

Suprema Corte destituye a jueza por fabricar expediente falso para investigar a su exesposo

La magistrada de Toledo creó un documento con información ficticia para acceder a datos patrimoniales y bancarios del exmarido en la Dirección General de Registros y el Banco Central.

Por Redacción·02 de junio de 2026
School bench with many copybooks and pencil case placed in light classroom against whiteboard
Imagen referencial

La Suprema Corte de Justicia (SCJ) resolvió la destitución de Sylvia Recarey, jueza de Toledo de 2° turno, tras concluir un sumario que comprobó que la magistrada fabricó un expediente con datos falsos para investigar el patrimonio de su exesposo.

Según el fallo, Recarey actuaba como subrogante del juzgado de 1er turno cuando, el 10 de marzo de este año, abrió un expediente que contenía información ficticia. Con ese documento espurio, la jueza solicitó acceso a registros de la Dirección General de Registros y consultas ante el Banco Central, con el propósito de obtener información financiera y de bienes del exmarido.

Esta conducta vulnera principios fundamentales de la función judicial, en particular la imparcialidad y la separación entre los roles personales y públicos que debe mantener toda magistrada. Al utilizar su cargo para obtener datos de terceros con fines privados, Recarey incurrió en un abuso grave de autoridad, configurando causal suficiente para la destitución.

La decisión de la SCJ enfatiza que los magistrados no pueden instrumentar instituciones estatales ni recursos procesales en beneficio de intereses particulares, independientemente de las motivaciones que los animen. El acceso a registros públicos debe mediar por trámites legales auténticos, no por expedientes fabricados.

El caso refleja un incumplimiento severo de las obligaciones éticas y legales que pesan sobre los integrantes del Poder Judicial. La destitución constituye el máximo rigor sancionador disponible contra un magistrado, lo que subraya la gravedad de los hechos comprobados.

Esta resolución reafirma el compromiso de la Corte con la integridad institucional y la rendición de cuentas de la judicatura ante la ciudadanía.

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