Nacional
Cámara de Senadores — Derecho a la ciudad
Senado aprueba ley para garantizar el derecho a la ciudad
La Cámara de Senadores aprobó el proyecto del Frente Amplio que establece un marco normativo para la efectivización y monitoreo del derecho a la ciudad. La iniciativa contó con la oposición de nacionalistas y colorados y ahora será tratada en Diputados.

La Cámara de Senadores aprobó el martes el proyecto de ley presentado en 2025 para garantizar el derecho a la ciudad, con los votos del Frente Amplio. Nacionalistas y colorados votaron en contra. La iniciativa, que contiene diez artículos, será ahora remitida a la Cámara de Representantes.
El proyecto establece un conjunto de acciones para "la efectivización, monitoreo y evaluación de los componentes que integran el derecho a la ciudad". Para ello, dispone la creación de un Consejo Consultivo Honorario de Derecho a la Ciudad, integrado por representantes de distintos ministerios, el Poder Judicial, la Universidad de la República, la Administración Nacional de Educación Pública, el Instituto del Niño y el Adolescente, el PIT-CNT, el Instituto Nacional de las Mujeres y el Congreso de Intendentes, entre otros organismos. El Consejo tendrá por función "observar y evaluar vulneraciones al derecho a la ciudad" y "generar y promover propuestas para coordinar acciones y medidas entre los distintos actores públicos, privados y la sociedad civil organizada".
La iniciativa también encomienda al Instituto Nacional de Estadística el análisis, evaluación y elaboración de informes técnicos con indicadores sobre el grado de satisfacción de los habitantes respecto de los diferentes derechos comprendidos en el derecho a la ciudad.
El senador del Frente Amplio Gustavo González, impulsor del proyecto, afirmó que "el mundo va hacia una urbanización feroz" y que "en los próximos años cada vez más gente va a vivir en las ciudades, con todos sus problemas". Sostuvo que estos temas "deben tratarlos ya no solamente un intendente o un ministro", sino "varios ministerios" en conjunto con la sociedad civil. González señaló que en los últimos tres años se han identificado 177 "problemas asociados a conflictos territoriales" en el área metropolitana, vinculados con el uso del suelo, el acceso al agua, el acoso sexual en espacios públicos, la seguridad, el transporte, la accesibilidad y los espacios públicos. Afirmó que la iniciativa "presenta una oportunidad relevante para la articulación y la jerarquización de instrumentos existentes" y que "constituye una oportunidad para consolidar un enfoque de políticas públicas centrado en la sostenibilidad de sus múltiples dimensiones".
El senador colorado Pedro Bordaberry criticó el proyecto en "tres planos: la oportunidad, concepción y contenido". Argumentó que el Senado dedica su tiempo a "debatir la declaración de un día nacional, la creación de un Consejo Consultivo Honorario y la enunciación de un derecho que todos reconocemos, mientras tanto descansan en las comisiones proyectos de ley que atienden la inseguridad pública". Agregó que "hay derechos que vemos violentados todos los días, personas que acampan en la calle, personas que se apropian de cuadras enteras".
En respuesta, el senador frenteamplista Óscar Andrade sostuvo que la crítica de Bordaberry se enfoca en lo que el proyecto "no pretende resolver". Andrade subrayó que la iniciativa "declara principios que están reconocidos en Naciones Unidas, crea un espacio interinstitucional, ubica la necesidad de información de calidad que no tenemos". Expresó su esperanza de que el consenso no logrado en el Senado pueda alcanzarse en la Cámara de Diputados.
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