Nacional
Magistrados fiscales cuestionan plazos y participación policial en reforma del Código de Proceso Penal
Una delegación de la Asociación de Magistrados Fiscales presentó ante el Senado sus observaciones al proyecto de reforma procesal penal enviado por el Poder Ejecutivo, enfocándose en plazos de investigación, el rol de la Policía y el acceso a beneficios como la libertad a prueba.

La Asociación de Magistrados Fiscales del Uruguay expuso sus posiciones ante la Comisión de Constitución y Legislación del Senado respecto al proyecto de reforma del Código del Proceso Penal enviado por el Poder Ejecutivo. Ignacio Montedeocar, integrante de la directiva de la asociación, planteó preocupaciones sobre varios artículos clave del texto.
Entre los cuestionamientos principales figuran los plazos establecidos para la investigación penal. Los magistrados fiscales consideran que la redacción actual genera incertidumbre sobre los tiempos máximos dentro de los cuales deberían sustanciarse las investigaciones, lo que podría afectar tanto la eficiencia del proceso como los derechos de los imputados a un proceso sin dilaciones indebidas.
Otro aspecto crítico es la participación y el rol atribuido a la Policía Nacional en el nuevo esquema procesal. La delegación señaló limitaciones o deficiencias en cómo se conceptualiza la intervención policial, asunto relevante en un sistema donde la investigación es función esencial del Ministerio Público con colaboración de las fuerzas de seguridad.
Además, los fiscales advirtieron sobre una problemática interpretativa en la normativa: con la redacción actual del proyecto, argumentaron que los imputados por delitos de droga podrían acceder al beneficio de la libertad a prueba en circunstancias que la asociación considera inapropiadas. Este punto toca una materia sensible en el debate penal contemporáneo, donde se equilibran medidas de reinserción social con la necesidad de controlar conductas gravosas.
La intervención de la Asociación de Magistrados Fiscales refleja el rol activo que los operadores del sistema de justicia cumplen en la formulación de leyes procedimentales. Aunque el Poder Ejecutivo envió su iniciativa, el análisis técnico de quienes aplican las normas cotidianamente aporta perspectivas valiosas para identificar inconsistencias o vacíos que podrían generar problemas prácticos en la ejecución.
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