Ley de riego: incertidumbre sobre quién asumirá los costos de la nueva política de aguas

La Ley 19.553, que introdujo modificaciones significativas a la normativa de riego de 1997, enfrenta un proceso de referéndum que llega a su tramo final. Según los datos disponibles a principios de octubre, los organizadores de la campaña por la derogación aún se encontraban lejos de alcanzar la cantidad de firmas necesaria para someter la ley a consideración de la ciudadanía antes del cierre del plazo establecido.

La iniciativa fue impulsada desde el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) con el propósito de aumentar la disponibilidad de recursos hídricos para el sector agrícola. Sin embargo, su implementación ha generado interrogantes fundamentales respecto de la estructura de costos que la reforma implica.

La discusión central se articula en torno a la sostenibilidad fiscal de la nueva política de aguas. Los cuestionamientos se centran en identificar quién asumirá los gastos de operación, mantenimiento e inversión que requiere una transformación de estas características en la gestión de recursos hídricos. Estas preguntas evidencian preocupaciones sobre posibles impactos en el presupuesto público o en la carga sobre los usuarios del servicio.

En el contexto de una reforma agrícola de envergadura, la definición clara de responsabilidades financieras resulta crítica para evaluar la viabilidad de la medida más allá de sus beneficios teóricos. La Ley 19.553 representa un cambio sustancial en la política de aguas nacional; no obstante, los debates públicos previos a la definición referendaria aún no han cerrado estas interrogantes de manera satisfactoria.

La proximidad del vencimiento del plazo para la recolección de firmas marca un punto de inflexión en la discusión. Independientemente del resultado del proceso referendario, la cuestión de la distribución de costos permanece como un desafío pendiente en la arquitectura de la nueva política hídrica.