La ley de acceso a información pública enfrenta desafíos persistentes en su implementación

Hace diez años el Parlamento aprobaba por unanimidad la Ley 18.381 de Acceso a la Información Pública, norma que busca promover la transparencia en el manejo de información por parte de los organismos públicos y garantizar el derecho de las personas a acceder a datos de interés.

Sin embargo, el balance de una década no es lineal. El proyecto Río Abierto, que se propone sistematizar el acceso y difusión de información pública, ha documentado un patrón recurrente: solicitudes no respondidas dentro de plazos, respuestas incompletas, información restringida sin justificación legal clara, y silencios administrativos que funcionan de facto como negativas.

La ley estableció un marco normativo ambicioso en 2015, pero su aplicación ha revelado brechas significativas. Los organismos públicos no siempre cumplen con los estándares de transparencia que el texto legal ordena. Algunas dependencias derivan solicitudes sin resolverlas; otras entregan información parcial argumentando secreto administrativo sin especificar la causal legal; en casos extremos, simplemente no responden.

Esta realidad contrasta con el espíritu original de la norma: la aprobación unánime del Parlamento evidenciaba consenso político sobre la importancia de la transparencia como pilar de la democracia. Diez años después, la implementación sigue siendo desigual entre instituciones y, en no pocos casos, incompleta.

El ejercicio del derecho de acceso requiere no solo una ley, sino voluntad institucional de cumplirla. Las omisiones documentadas sugieren que hay organismos públicos que aún no han internalizando que la transparencia es una obligación, no una cortesía. La experiencia de Río Abierto, al documentar estos incumplimientos, cumple una función de fiscalización social necesaria para forzar el cumplimiento de la norma.