Jueza mantiene cautelares contra exsenador Carrera por delitos económicos

La jueza de Crimen Organizado de 2° turno, Diovanet Olivera, dispuso el mantenimiento de las medidas cautelares contra el exsenador Charles Carrera, manteniéndose así la obligación de fijar domicilio y la prohibición de salir del país. La prórroga fue solicitada por la fiscal de Delitos Económicos y Complejos de 2° turno, Sandra Fleitas.

La decisión se produce en el marco de un proceso penal que avanza hacia su etapa de debate. El 14 de mayo, la fiscal presentó la demanda acusatoria contra Carrera, pendiente ahora la contestación de su defensa. La próxima etapa será la concreción de una audiencia de control de acusación, en la que las partes presentarán la prueba que será admitida durante el juicio.

En paralelo, Juan Manuel González Rossi, abogado de Carrera, ha impulsado una acción ante la justicia contencioso-administrativa contra el Ministerio del Interior. La defensa solicita información sobre las autorizaciones especiales otorgadas a civiles entre 2012 y 2017 para atenderse en el Hospital Policial. El 3 de junio, la jueza de lo Contencioso Administrativo María Eugenia Ferrer exigió a la cartera que responda en un plazo de 30 días, bajo apercibimiento de cobro de dos unidades reajustables por cada día de atraso.

En su escrito, González Rossi cuestionó el desempeño del Ministerio del Interior, señalando que "en forma temerosa, ha buscado eximirse de sus obligaciones legales y constitucionales en cada oportunidad que se le ha presentado, presentando información incompleta, desordenada, contradictoria que, en definitiva, atenta contra la transparencia que debe regir el obrar de toda la Administración y que constituye una de las más elementales garantías del Estado de derecho". La defensa busca demostrar mediante esta información que se otorgaban regularmente autorizaciones especiales a civiles.

La denuncia original contra Carrera fue presentada en agosto de 2022 por autoridades del Ministerio del Interior, encabezadas por Luis Alberto Heber. La imputación se centra en la habilitación de asistencia médica para una persona que fue atendida en el Hospital Policial tras recibir el impacto de una bala perdida, así como en la entrega de tickets alimentación por 20.000 pesos.