Juez argentino ordena a Adorni notificar previamente cualquier intento de salida del país

El juez federal argentino Ariel Lijo ordenó que el exjefe de Gabinete Manuel Adorni notifique previamente a la Justicia cualquier intención de salir del país, para que los tribunales evalúen "la pertinencia y razonabilidad" de cada viaje. La resolución fue dictada a pedido del fiscal Gerardo Pollicita, quien conduce la investigación sobre el patrimonio del exvocero presidencial.

La medida se dispone en un contexto donde había circulado información sobre posibles intenciones de Adorni de mudarse a Uruguay tras su renuncia a la coordinación del gabinete del presidente Javier Milei. Aunque el fiscal descartó que exista peligro de fuga o que el exfuncionario haya entorpecido la causa, consideró que la notificación previa resultaba prudente dada la etapa de la investigación.

El abogado de Adorni, Matías Ledesma, había informado a la Justicia que su cliente se encuentra en Argentina y no tiene intenciones de cruzar las fronteras en el corto plazo. Los querellantes —el abogado Gregorio Dalbón y la diputada Marcela Pagano— habían solicitado la detención o la prohibición de salida del país con retención del pasaporte. Tanto el fiscal como el juez rechazaron esos planteos más restrictivos.

Para descartar la detención, Pollicita consideró que Adorni no opuso reparos ni dilaciones en la causa, y que no influyó en la declaración del contratista que participó en reformas de su propiedad por aproximadamente US$ 245.000.

En las próximas semanas, Adorni deberá presentar explicaciones formales sobre su patrimonio. El fiscal prepara un requerimiento de justificación patrimonial basado en un informe financiero que determinará si su fortuna presenta inconsistencias. El exvocero afirmó públicamente poseer US$ 500.000 en criptomonedas, versión aún no verificada judicialmente. Si ese descargo no disipa las sospechas, seguiría una declaración indagatoria.

Tres empleados de la Vocería Presidencial declararon que prestaron sus nombres y tarjetas de crédito al exfuncionario para realizar compras de cuantía significativa, lo que habría permitido ocultar gastos imposibles de justificar con sus ingresos legales.