Inddhh cuestionó a la Fiscalía por demoras y revictimización en caso de abuso sexual

La comisión directiva de la Institución Nacional de Derechos Humanos (Inddhh) cuestionó el accionar de la Fiscalía General de la Nación en la investigación de un caso de presunto abuso sexual infantil, tras identificar demoras excesivas, prácticas revictimizantes y vulneraciones al derecho a las garantías de debida diligencia reforzada.

La denuncia inicial surgió cuando la defensa de la víctima interpuso un reclamo ante Fiscalía de Corte respecto del accionar de la fiscal de Delitos Sexuales, quien había anunciado imputaciones pero posteriormente archivó la denuncia sin notificación adecuada a la denunciante. Luego de que los defensores de las partes presentaran un reclamo ante la Inddhh, la institución emitió una resolución firmada por sus directores que identificó múltiples deficiencias.

La Inddhh constató que la víctima fue citada a declarar ante el equipo fiscal recién un año y dos meses después de radicada la denuncia. Asimismo, tras solicitarse el reexamen por otro fiscal, transcurrieron 18 meses desde la habilitación judicial hasta la resolución de archivo, cuya notificación se realizó con cuatro meses de retraso. La institución destacó que "el impacto de esas demoras en la situación emocional de la víctima contraviene el deber de debida diligencia reforzada, que exige una actuación oportuna, coordinada y orientada a minimizar riesgos de revictimización".

En segundo lugar, la resolución criticó la "falta de perspectiva de género" en la Fiscalía. Señaló que el archivo se fundamentó en elementos relativos a la salud mental y diagnósticos psicológicos de la víctima para restar credibilidad a su relato, lo cual contraviene normativa nacional e internacional. Además, la Fiscalía no informó previamente a la denunciante sobre la intención de archivar, impidiendo un espacio de explicación para la familia. Se apuntó a una deficiente articulación entre el equipo fiscal y la Unidad de Víctimas y Testigos.

La denuncia señalaba incumplimiento de la Instrucción General N°8 de la Fiscalía, que establece estándares mínimos para investigaciones de delitos sexuales y ordena considerar a las víctimas como personas especialmente vulnerables, sin utilizar antecedentes de salud mental para desacreditar su testimonio.

Otro hallazgo concernió a la falta de transparencia: la víctima y sus representantes se enteraron del sumario administrativo contra la fiscal y de la sanción a través de publicaciones de prensa, no por canales oficiales. La Inddhh consideró insuficientes las respuestas fiscales e invocó que la Fiscalía limitó el control sobre vulneraciones de derechos humanos aduciendo reserva de actuaciones disciplinarias.

La institución emitió recomendaciones específicas: notificación a la denunciante en 15 días sobre resoluciones del sumario administrativo; mejora en la aplicación de la Instrucción N°8; mecanismos para avisar previamente a víctimas sobre decisiones relevantes; capacitaciones obligatorias; y garantía de acceso a información sobre resultados finales de actuaciones. Otorgó 10 días hábiles a la Fiscalía para informar aceptación e implementación de medidas.