Fiscalía invoca protección reforzada para negar información sobre investigación Cipriani-Minetti

La Fiscalía General de la Nación rechazó un pedido de información de la diputada Graciela Barrera (Frente Amplio) relativo a la investigación penal sobre la adopción de un niño bajo el amparo del Instituto del Niño y del Adolescente (INAU) realizada por la pareja italiana Nicole Minetti y Giuseppe Cipriani.

En su respuesta, la Fiscalía argumentó que la actividad de los fiscales "forma parte de la función jurisdiccional y del sistema de Justicia" y, por consiguiente, cuenta con un "estatuto de protección reforzado". Este fundamento busca blindar el acceso a datos sobre procedimientos penales en curso, amparándose en principios de confidencialidad e independencia del Ministerio Público.

La denegación plantea una tensión clásica en los ordenamientos democráticos: el derecho a acceso a información pública —consagrado en la Ley N° 18.381 de Transparencia y Acceso a Información Pública— frente a las necesidades de reserva de investigaciones penales activas. La Fiscalía sostiene que divulgar datos sobre diligencias en curso podría comprometer la eficacia de la pesquisa y lesionar derechos de los imputados.

Sin embargo, la estrategia del Ministerio Público de invocar un "estatuto de protección reforzado" como barrera absoluta genera interrogantes sobre los límites del acceso a información en causas de relevancia pública, especialmente cuando intervienen instituciones del Estado como INAU y se cuestiona el cumplimiento de protocolos de adopción.

El recurso de la Fiscalía refleja una posición institucional cada vez más defensiva respecto a la transparencia, fundamentada en la preservación del secreto en investigaciones. No obstante, en democracias maduras, esta protección suele matizarse según la naturaleza de la información solicitada y el interés público involucrado.

La decisión de la Fiscalía no cierra el debate: la diputada Barrera podría recurrir a mecanismos de impugnación previstos en la ley de transparencia, o la cuestión podría llegar a instancias de control constitucional si estima que existe vulneración del derecho de acceso a información de relevancia para el escrutinio parlamentario.