Nacional
Fiscalía — Residencial clandestino
Fiscalía imputa a propietaria y encargada de residencial clandestino por privación de libertad y abandono de ancianos
Un juzgado formalizó a ambas mujeres por reiterados delitos de privación de libertad, abandono de personas incapaces y estafa. Cumplirán 120 días de prisión preventiva mientras continúa la investigación.

La Fiscalía formalizó a la propietaria y la encargada del residencial clandestino ubicado en La Unión por reiterados delitos de privación de libertad, abandono de personas incapaces, estafa y omisiones de asistencia, en calidad de autoras a título de dolo directo. El juzgado ordenó que ambas cumplan prisión preventiva por 120 días mientras prosigue la investigación.
La propietaria, de 46 años, y la encargada, de 49, fueron detenidas tras el operativo policial del sábado que sacó a la luz el funcionamiento del residencial. Según la Fiscalía, el esquema funcionaba con dos inmuebles: uno ubicado en Comercio y Cabral, con cartelería visible y condiciones aparentes de legalidad, donde se realizaban las visitas de familiares; y otro clandestino a una cuadra de distancia, en Comercio y Corrales, donde permanecían alojadas entre 19 y 22 personas en situación de hacinamiento, deshidratación y desnutrición.
La fiscal Silvia Lovesio señaló en la audiencia que "hay dos lugares: uno de fachada y otro clandestino". El residencial de fachada ofrecía, según su cartel, asistencia, seguimiento diario, atención psicológica, estimulación cognitiva y menú balanceado. En la vivienda real, los adultos mayores permanecían en contexto de vulnerabilidad extrema. Las visitas de familiares eran coordinadas sistemáticamente para que los residentes fueran trasladados al local de fachada antes de cada encuentro, mientras que el resto del tiempo permanecían en el inmueble clandestino.
El caso fue descubierto tras el llamado al 911 la noche del viernes, cuando un residente pidió ayuda a gritos. Policía y Bomberos debieron forzar la entrada y encontraron aproximadamente 20 adultos mayores. Ambas imputadas carecen de antecedentes penales.
La defensa de las acusadas se opone a la tipificación de los delitos y argumenta que los gritos de los ancianos obedecían a problemas de salud mental de los residentes, no a las condiciones del lugar.
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