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Nacional

Fiscalía — Protección de adultos mayores

Fiscalía formaliza con prisión preventiva a responsables de residencial clandestino en La Unión

La dueña y encargada del establecimiento fueron imputadas por privación de libertad, abandono de personas incapaces, estafa y omisión de asistencia tras el hallazgo de una veintena de adultos mayores en condiciones de hacinamiento.

Por Redacción·14 de julio de 2026
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Imagen referencial

La Fiscalía de Flagrancia de 15° Turno formalizó con prisión preventiva por 120 días a la dueña y la encargada de un residencial irregular ubicado en La Unión, tras el operativo policial que descubrió aproximadamente veinte adultos mayores alojados en condiciones de hacinamiento y abandono.

La intervención se produjo cuando la Policía acudió a una vivienda en la esquina de Mateo Cabral y Comercio tras recibir una denuncia por gritos de auxilio. Al llegar, los efectivos escucharon a dos mujeres y un hombre que desde una ventana pedían ayuda, manifestando estar encerrados y expresando que algunos habían sufrido caídas y necesitaban agua. Con autorización de una vecina, los policías ingresaron al inmueble a través de una azotea lindera.

Ambas imputadas fueron formalizadas como presuntas autoras de reiterados delitos de privación de libertad, abandono de personas incapaces, estafa y omisión de asistencia, todos en régimen de reiteración real. La propietaria reconoció ante las autoridades que el establecimiento funcionaba de manera irregular y había superado la capacidad de alojamiento permitida.

El Ministerio de Salud Pública informó que el inmueble operaba como anexo no declarado del residencial Cayetano, un Establecimiento de Larga Estadía para Personas Mayores (Elepem) que sí estaba registrado. Según el relato de familiares, las responsables les aseguraban que sus allegados permanecían en el establecimiento habilitado, cuando en realidad estaban alojados en la vivienda clandestina ubicada frente al residencial autorizado.

Actualmente permanecen nueve residentes en el lugar mientras se concreta el realojo o su retiro por familiares. Durante ese proceso, el Estado les garantizará cuidados, alimentación e higiene. El Ministerio de Desarrollo Social continúa evaluando la situación de cada una de las personas afectadas para definir su destino.

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