Nacional
Poder Ejecutivo — Ley de riego
Ejecutivo ajustará reglamentación de ley de riego tras consulta pública
El Gobierno aclarará la redacción sobre autorización ambiental pero mantiene sin cambios la definición de caudal ecológico. Recibió 70 aportes en la consulta pública entre junio y julio.

El Poder Ejecutivo modificará la propuesta de reglamentación de la ley de riego aprobada el año anterior, tras la consulta pública abierta entre el 13 y el 22 de junio. Los ajustes responden a observaciones recibidas de organizaciones sociales, profesionales y especialistas, aunque el Gobierno descartó alterar los criterios centrales de la normativa.
Dos ministerios redactaron sendos decretos reglamentarios. El Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA) definió el concepto de caudal ambiental, criterio fundamental para otorgar permisos de riego. El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) precisó aspectos operativos como el proceso de otorgamiento de permisos. La consulta recibió aproximadamente 70 aportes en diez días, conforme informó el director general de Recursos Naturales del MGAP.
Uno de los puntos más controvertidos fue la interpretación de los artículos sobre evaluación ambiental estratégica. Algunas organizaciones consideraban que el texto habilitaba al Estado a aprobar proyectos sin autorización ambiental. El director nacional de Aguas, Daniel Greif, aclaró que 'la intención del Ejecutivo es establecer que podrán concederse los permisos aun cuando no exista un plan ambiental estratégico para la cuenca en cuestión. Esto no quiere decir que el proyecto esté eximido de obtener la autorización ambiental'. La redacción será modificada para eliminar la ambigüedad.
Profesionales también señalaron vacíos sobre la constitución de asociaciones de regantes y mecanismos de garantía mutua entre afiliados. Esos aspectos serán incorporados al decreto, aseguró García Préchac.
Sobre el caudal ambiental recibió propuestas contradictorias: algunas pedían aumentarlo, otras disminuirlo. El Gobierno mantuvo el criterio fijado: 60% de probabilidad de excedencia mensual en embalses y 80% en tomas de agua. García Préchac explicó que el criterio navega "entre dos extremos": desde la perspectiva ecológica sería ideal que pasara toda el agua del río, pero desde la inversión implica costos de almacenamiento y restricciones durante sequías.
El MGAP planea desarrollar reglamentaciones específicas para tres cuencas antes de redactar un plan nacional: Arapey, río San Salvador e Yi. En Colonia Valdense existe un grupo de regantes interesado en hacer una toma directa del río Rosario, aunque aún no hay inversores externos a la producción comprometidos con proyectos de infraestructura de riego.
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