Ejecutivo abre instancia de participación para reglamentación de ley de riego

El Poder Ejecutivo habilitó recientemente una instancia de consulta pública destinada a recopilar aportes sobre la reglamentación de la Ley N° 19.553 de riego. Esta convocatoria responde a dos mandatos normativos de rango fundamental: el artículo 47 de la Constitución de la República, que garantiza el acceso a información pública y la participación ciudadana, y el artículo 18 de la Ley N° 18.610 de Aguas, que expresamente establece que "usuarios y sociedad civil" deben intervenir "en toda instancia de planificación, gestión y control de recursos hídricos, ambiente y territorio mediante un proceso democrático".

La apertura de este espacio de participación cobra especial relevancia en el contexto de la implementación de una ley sectorial que impacta directamente en el acceso, distribución y uso del agua para riego—un recurso crítico para la agricultura nacional. La reglamentación de la Ley N° 19.553 determinará los mecanismos operativos, las instituciones responsables, los derechos y deberes de los usuarios, y la articulación entre organismos públicos en materia de control y fiscalización.

Desde la perspectiva del principio constitucional de participación ciudadana y del enfoque de transparencia administrativa, la consulta representa una oportunidad para que sectores con interés directo en la política de riego—desde cooperativas agrícolas hasta asociaciones ambientalistas—contribuyan a perfilar normas que guardarán coherencia con los marcos legales vigentes. El procedimiento se alinea, además, con estándares internacionales de gobernanza hídrica que enfatizan la inclusión de actores en la toma de decisiones sobre recursos naturales compartidos.

La iniciativa evidencia, asimismo, el compromiso del Ejecutivo con la rendición de cuentas pública y con la construcción de legitimidad democrática en decisiones que afectan sectores económicos y ambientales relevantes. La reglamentación de una ley de riego no es cuestión meramente técnica: implica equilibrios entre garantías de acceso, eficiencia distributiva y protección ambiental, dimensiones que requieren del aporte plural de usuarios y sociedad civil.