Ejecutivo abre consulta pública sobre reglamentación de la Ley de Riego

El Poder Ejecutivo anunció ayer el lanzamiento de una consulta pública sobre la reglamentación de la Ley de Riego, iniciativa que busca operativizar las disposiciones de la norma mediante un decreto ejecutivo. Los documentos estarán disponibles en los sitios web de los ministerios de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA) y de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) desde hoy hasta el 22 de junio, plazo durante el cual se recibirán comentarios y sugerencias del público.

La consulta es previa a una audiencia pública programada para el 28 de junio en el salón de actos de uno de los ministerios involucrados, instancia en la que se expondrán los resultados preliminares de la participación ciudadana y se debatirán aspectos centrales del proyecto.

La Ley de Riego, sancionada en años anteriores, requería de su reglamentación para precisar procedimientos, competencias administrativas y criterios de asignación y gestión de derechos de agua con fines agrícolas. La norma reviste importancia estratégica en un país con sectores productivos dependientes de la irrigación y con crecientes demandas de agua en contextos de cambio climático.

Sin embargo, la Comisión en Defensa del Agua ha cuestionado la amplitud y profundidad de la participación convocada, denunciando lo que califica como una "parodia" de consulta pública. El colectivo sostiene que los plazos son insuficientes para una revisión cabal del documento y que la estructura del proceso no asegura que los aportes ciudadanos incidan efectivamente en la versión final del decreto.

La tensión refleja un debate más amplio sobre gobernanza hídrica en Uruguay: mientras la administración impulsa un marco regulatorio considerado esencial para el desarrollo agroindustrial, sectores ambientalistas y de sociedad civil demandan mecanismos más robustos de participación y mayor énfasis en la protección de ecosistemas acuáticos y derechos de acceso equitativo al agua.

La consulta constituye un paso en el proceso de reglamentación, aunque su efectividad y legitimidad seguirán siendo objeto de escrutinio público en las próximas semanas.