Defensa de profesor condenado por abuso sexual cuestiona valoración de prueba ante la SCJ

La defensa pública de un profesor de informática de un colegio privado de Maldonado llevó ante la Suprema Corte de Justicia un recurso de casación contra la condena a cinco años de penitenciaría dictada por el Tribunal de Apelaciones Penal de 2° Turno, que anuló su absolución en primera instancia por delitos de abuso sexual y atentado violento al pudor.

En el escrito de casación, los abogados de oficio Irene Suárez y Daniel Chaves sostuvieron que la sentencia "no supera el escollo de la duda razonable y vulneró el principio de presunción de inocencia, ya que la condena se edificó sobre inferencias ilógicas y el descarte infundado de prueba de descargo, invirtiendo la carga probatoria". Alegaron también que "se constituyó una trampa procesal que violentó el principio de igualdad de armas" entre defensa y fiscalía.

La denuncia se presentó en 2023 cuando la presunta víctima, que entonces tenía 16 años, relató hechos que habría sufrido entre los 10 y 13 años. Según la denunciante, el docente la ganó su confianza para someterla a tocamientos y obligarla a practicarle sexo oral en momentos de recreo dentro del salón de computación o en un armario.

La defensa cuestionó aspectos materiales del relato. Argumentó que el profesor no tenía recreos conforme a sus horarios de clase, que en el armario había material de uso frecuente de otros docentes y un grupo electrógeno que requería de varias personas para moverse. Además, señaló que una inspección ocular demostró "de forma incontrovertible que el pasador de la puerta se encontraba del lado de afuera", contradiciendo la afirmación del tribunal de que el docente "trancaba la puerta" para cometer los abusos.

La defensa criticó que el tribunal fundamentara la condena "en meras conjeturas y especulaciones" y desechara testimonios de cuatro maestros, directores de primaria y secundaria, y un funcionario administrativo. Cuestionó también que se omitiera prueba sobre el contexto multicausal de la víctima (intentos de autoeliminación de sus progenitores, violencia intrafamiliar, medicación) y la declaración de su psiquiatra tratante, a la que calificó de "trampa procesal" al exigirle un nuevo relevamiento del secreto profesional que la fiscalía ya había obtenido.

La ministra Beatriz Larrieu votó en discordia en la sentencia de apelaciones, sosteniendo que el relato de la joven "carece de la verosimilitud que aportan las corroboraciones periféricas, necesarias para llegar a la condena" y que debe existir un "grado de certeza razonable" para condenar.

Si la SCJ confirma la sentencia, el profesor deberá cumplir penitenciaría, ser inscrito en el registro de violadores e inhabilitarse por diez años para funciones públicas y privadas en educación, salud y atención a menores, personas con discapacidad y mayores en dependencia.