Corte de Apelaciones suspende juicio de Goldring para decidir sobre pruebas rechazadas

El Tribunal de Apelaciones Penal de 2° Turno resolvió suspender el caso contra la acusada de apropiación indebida hasta expedirse sobre las apelaciones presentadas por la abogada Patricia Regules, representante de damnificados, respecto de pruebas rechazadas por la jueza de Crimen Organizado Diovanet Olivera.

La suspensión se dictó cuando la jueza estaba próxima a emitir el auto de apertura al juicio, documento que sintetiza el caso y habilita el paso a la instancia de juicio oral. Los ministros Ricardo Míguez y Beatriz Larrieu resolvieron detener el procedimiento "atento a las circunstancias del caso y siendo que se entiende inconveniente permitir que el trámite procesal siga su curso mientras no se haya pronunciado la Sala sobre la cuestión planteada".

Regules ha apelado el rechazo de tres líneas probatorias. La primera busca incorporar información de cuentas bancarias en Jefferies, banco estadounidense con el cual operaba la acusada, además de datos del Banco Central, Lideco y la Bolsa de Valores de Montevideo. La jueza desestimó esta prueba, aunque otros defensores de damnificados advirtieron que su tramitación mediante cooperación internacional podría extender el juicio entre dos y tres años.

La segunda prueba rechazada es una pericia privada contratada por los clientes de Regules que plantea "la discordancia técnica sobre la calificación jurídica del Ministerio Público dejando constancia sobre los hechos nuevos y la defraudación fiscal como precedente del lavado de activos". En la audiencia del 23 de junio, la fiscalía de Lavado a cargo de Enrique Rodríguez cuestionó esa pericia por "incompatible" con su teoría del caso, dado que incorpora delitos por los que la acusada no fue imputada. Regules contrarargumentó que el informe contenía "otros descubrimientos" relevantes y lo calificó de "manifiestamente útil".

La tercera apelación se refiere a información relativa a la operación de Custodia de Valores Montevideo que surge de un litigio que la acusada inició en Estados Unidos.

Si el tribunal acepta las pruebas, estas se incorporarán al juicio pero su tramitación podría demorar aún más. Si las rechaza, Olivera redactará el auto de apertura y se fijará fecha de inicio del juicio. Paralelamente, la acusada ha propuesto un Acuerdo Privado de Reorganización (APR) ofreciendo pagar el 60% del total de activos informados al 31 de diciembre de 2022 (US$ 21.800.000 según el Banco Central). Para ser aprobado requiere superar el 75% de adhesiones; actualmente alcanza el 70%, según abogados de damnificados.