Condenan a general retirado a 12 años por torturas en dependencias militares

La Justicia condenó al general retirado Walter Díaz Tito a 12 años de penitenciaría por su participación en torturas contra detenidos políticos durante el régimen dictatorial. La sentencia de la jueza Isaura Tórtora lo responsabiliza como autor de abuso de autoridad contra detenidos, privación de libertad y lesiones graves.

Los hechos ocurrieron el 31 de julio de 1973. Cinco obreros ferroviarios integrantes de la Organización Revolucionaria del Pueblo 33 (OPR 33) fueron capturados junto a otros trabajadores de la Unión Ferroviaria para evitar un paro general convocado para el 2 de agosto. Fueron trasladados a dos dependencias del Ejército: Transmisiones 1 y Regimiento de Caballería Mecanizada 4, ubicado en avenida de las Instrucciones y camino Mendoza.

El fallo documenta mediante testimonio de las víctimas que los detenidos "fueron maniatados y encapuchados, sometidos a sendos interrogatorios mediante diversos apremios físicos y la aplicación de picana eléctrica". Uno de ellos relató: "En un momento siento voces de niños mientras me están torturando y me dicen que ahí tenían a mis hijos". Otro describió castigos con animales adiestrados: "Nos golpeaban, nos largaban los perros, entonces si nos caíamos nos atacaban, ya que estaban adiestrados, y estos tendían a buscarnos el cuello para mordernos". Un tercero confirmó: "El que estaba a cargo de todo el interrogatorio era Walter Díaz".

Uno de los detenidos, Gilberto Coghlan de 36 años, padre de dos hijos y empleado de AFE, murió en el Hospital Militar el 14 de diciembre de 1973. El expediente contiene documentos de la justicia militar de la época que acreditan que Díaz Tito cumplía funciones como oficial de la Sección 2 (S2), dependencia especializada en interrogatorios bajo tormento de presos políticos. Una anotación del 12 de agosto de 1973 en su legajo lo elogia por "conducir operativos antisediciosos" y "extraer información del enemigo".

La jueza expresó que existe "plena prueba de la culpabilidad" y acredita en el expediente los "severos apremios físicos a los que fueron sometidas las víctimas". Hizo lugar a la demanda de la Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad. El condenado deberá cumplir su pena en la cárcel de Domingo Arena. El proceso se inició en 2011.