Nacional
Suprema Corte de Justicia — Expropiación de inmuebles
Colonia: 1.500 viviendas abandonadas acceden a trámite expropiatorio abreviado
La Cámara de Senadores aprobó por unanimidad la ley que simplifica la expropiación de bienes inmuebles con deuda compensable, iniciativa impulsada por el Frente Amplio que permitirá recuperar viviendas deshabitadas en la región.

La Cámara de Senadores aprobó por unanimidad este miércoles el proyecto de ley que agiliza el trámite expropiatorio de bienes inmuebles con deuda compensable. La iniciativa, impulsada por la bancada del Frente Amplio, habilita la abreviación de procedimientos administrativos para recuperar propiedades abandonadas, particularmente viviendas que presentan pasivos adeudados al Estado.
En Colonia, aproximadamente 1.500 viviendas deshabitadas quedan comprendidas dentro del alcance de esta normativa, según destacó el edil frenteamplista Martín Collazo. El legislador valoró positivamente la aprobación, señalando que "permitirá desarrollar políticas públicas para recuperar estas propiedades".
La ley modifica el procedimiento expropiatorio tradicional al permitir que la deuda compensable se considere como parte del proceso de expropiación, evitando trámites paralelos que históricamente ralentizaban estas gestiones. Esto representa un cambio significativo en materia de política habitacional, ya que facilita la reutilización de inmuebles ociosos que podrían destinarse a solucionar el déficit de vivienda en territorios específicos.
La unanimidad parlamentaria en la aprobación refleja consenso político sobre la necesidad de agilizar mecanismos para recuperar el patrimonio inmobiliario abandonado. Los municipios y organismos de política habitacional contarán con una herramienta jurídica más expedita para intervenir en situaciones donde propietarios incumplen obligaciones tributarias o de otra índole hacia el fisco.
La medida cobra particular relevancia en contextos de crisis habitacional. Al simplificar el acceso a viviendas abandonadas mediante expropiación, se abre una vía para políticas públicas de redistribución y acceso a la vivienda, aunque la efectividad de la norma dependerá de su posterior implementación por parte de las administraciones locales y de las prioridades presupuestarias asignadas.
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