Carrera alega prescripción de los delitos y presenta 70 testigos para su juicio

El imputado presentó un escrito de contestación a la acusación fiscal en el que plantea que los delitos que se le atribuyen —fraude y utilización indebida de información privilegiada— prescribieron y por tanto "no pueden ser objeto de persecución". Según su defensa, los delitos tienen penas máximas de 6 y 4 años respectivamente, lo que genera un plazo de prescripción de diez años conforme al Código Penal. "La prescripción de los hechos ocurridos con posterioridad al 11 de junio de 2015 fue interrumpida por el auto de formalización de la investigación. Los hechos acaecidos con anterioridad al 11 de junio prescribieron, por la razón de haber transcurrido más de 10 años sin que operara ningún acto de interrupción o suspensión", afirmó en el escrito.

La acusación fiscal, presentada por la fiscal de Delitos Económicos Sandra Fleitas, solicita cuatro años de prisión. La imputación se centra en la atención brindada desde el Hospital Policial a una persona que resultó gravemente herida por una bala en 2012, mientras el imputado se desempeñaba como director general de Secretaría del Ministerio del Interior. Fleitas lo responsabiliza por la decisión de mantener internado al paciente entre 2013 y 2016 y por la entrega de viáticos sin derecho legal.

La defensa, integrada por los abogados Juan Manuel González Rossi y Lucía Fernández, controvertió los fundamentos de la acusación. Sostienen que el imputado no impartió la orden de atender al paciente en el Hospital Policial, ya que como director general de Secretaría no tenía autoridad jerárquica sobre la Dirección Nacional de Sanidad Policial. Según su versión, fue el entonces ministro del Interior Eduardo Bonomi quien dispuso la atención tras una investigación de Asuntos Internos que sugería responsabilidad estatal. "Las órdenes del Ministerio del Interior hacia la Dirección Nacional de Sanidad Policial, en aquel entonces, se canalizaban a través del subsecretario Jorge Vázquez", argumentaron.

La defensa negó que se hubiera cometido engaño o que se hubiese creado un cargo ficticio. Alegó que la decisión buscó "compatibilizar diferentes intereses": brindar solución a una persona gravemente dañada y mitigar el impacto de un futuro reclamo contra el Ministerio, optimizando recursos existentes. En relación a los viáticos, sostienen que corresponden a información pública y que se entregaron tickets sobrantes destinados a vencerse.

El imputado presentó una propuesta de 70 testigos para el juicio, entre los cuales figuran Mario Layera, actual titular de la Secretaría de Inteligencia estatal; la exministra de Salud Susana Muñiz; el intendente de Rocha Alejo Umpiérrez; y Leonardo Anzalone, exdirector de Sanidad Policial. También se incluyó a Stella González, exjefa de Asuntos Internos e imputada en la misma causa.