Tribunal Electoral reconoce derecho a voto de mujer con síndrome de Down

El Tribunal Electoral advierte una evolución legal en el tratamiento de la discapacidad, ya que, si bien el Código Civil establece reglas generales, nuevas leyes especiales han limitado los efectos de la interdicción, sugiriendo que ésta no debería extenderse automáticamente a todas las actividades extrapatrimoniales.

Con todo, el Tribunal Electoral admite que la sentencia de interdicción por demencia habilita al Servicio Electoral para excluir a una persona del padrón, pero sostiene que esta práctica debe ser reconsiderada a la luz de la legislación más reciente y los principios de inclusión.

Para el Tribunal el Servicio Electoral incurre en un error interpretativo al aplicar la normativa del Código Civil sin considerar su alcance limitado y extender indebidamente sus efectos automáticamente a derechos extrapatrimoniales, como el sufragio, puesto que esta interpretación no se alinea con los compromisos internacionales de Chile sobre derechos de personas con discapacidad y esa decisión contradice la tendencia del derecho chileno hacia la igualdad de oportunidades e inclusión social.

Para el Tribunal Electoral la limitación de derechos extrapatrimoniales debería requerir una declaración judicial específica para impedir que personas con discapacidad mental puedan participar plenamente en la sociedad. Por ello separar los efectos patrimoniales y extrapatrimoniales de la interdicción es esencial para eliminar barreras y promover la participación igualitaria de las personas con discapacidad en la sociedad, afirma en su fallo.

La sentencia cita la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ratificada por Chile en 2008, cuyo fin es promover, proteger y asegurar el goce pleno de derechos humanos y libertades fundamentales para personas con discapacidad y promover el respeto de su dignidad inherente, y que recoge una amplia definición de discapacidad: «Las personas con discapacidad incluyen a aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás». Luego, enuncia los principios rectores que inspiran la Convención: Respeto a la dignidad y autonomía individual. No discriminación. Participación e inclusión plenas en la sociedad. Respeto por la diferencia y aceptación de la diversidad. Igualdad de oportunidades. Accesibilidad, en cuanto las personas con discapacidad tienen capacidad jurídica en igualdad de condiciones en todos los aspectos de la vida. La Convención obliga a los Estados a asegurar y promover el pleno ejercicio de los derechos humanos y libertades fundamentales sin discriminación, y a facilitar la plena inclusión y participación en la comunidad. Específicamente, el fallo transcribe el artículo 29 de la Convención, que establece: «Asegurar que las personas con discapacidad puedan participar plena y efectivamente en la vida política y pública en igualdad de condiciones con las demás, directamente o a través de representantes libremente elegidos, incluidos el derecho y la posibilidad de las personas con discapacidad a votar y ser elegidas».

También la sentencia cita la Ley N° 20.442, sobre Igualdad de Oportunidades e Inclusión Social de Personas con Discapacidad, dictada para cumplir con los deberes internacionales adoptados por Chile, que en el artículo 6° define discriminación como: «Toda distinción, exclusión, segregación o restricción arbitraria fundada en la discapacidad, y cuyo fin o efecto sea la privación, perturbación o amenaza en el goce o ejercicio de los derechos establecidos en el ordenamiento jurídico», y que en su artículo 7 entiende la igualdad de oportunidades como: «la ausencia de discriminación por razón de discapacidad, así como la adopción de medidas de acción positiva orientadas a evitar o compensar las desventajas de una persona con discapacidad para participar plenamente en la vida política, educacional, laboral, económica, cultural y social».

El Tribunal Electoral destaca un documento importante en su argumentación: «Observaciones finales sobre el informe inicial de Chile» (2016) del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (ONU), que manifestó su preocupación de «que la declaratoria de interdicción sea un impedimento para que una persona con discapacidad pueda ejercer su derecho al voto y a la participación política», y que recomendó al Estado de Chile «la revisión del registro electoral para garantizar que no se prive del derecho al voto a ninguna persona por razón de un impedimento o por limitaciones en su capacidad jurídica».

El Tribunal concluye sus razonamientos afirmando que:

• No existe una declaración judicial específica que prive al interdicto del ejercicio de sus derechos extrapatrimoniales, como el derecho al voto.

• El derecho a participar en la vida política y pública es considerado esencial y consustancial a la persona.

Este derecho está resguardado por:

Una ley especial (Ley N° 20.422).

• La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

• La Constitución que en su artículo 1°, inciso final, reconoce el principio de participación con igualdad de oportunidades en la vida nacional.

En base a todos estos argumentos, el Tribunal Electoral acoge la reclamación asilándose en una interpretación que respalda la inclusión y participación plena de las personas con discapacidad en todos los aspectos de la vida, incluyendo el ejercicio de derechos políticos como el sufragio, por sobre una aplicación literal de la norma constitucional.

Vea sentencia Segundo Tribunal Electoral Rol Nº 83-2025.