
Tardanza injustificada.
Perú vulneró derechos de miles de trabajadores afectados por la privatización de una empresa al no resolver sus demandas durante décadas, resuelve la Corte IDH.
Pese a que hubo dificultades para el avance del proceso de ejecución de la sentencia (por la determinación de las víctimas, la magnitud de la prueba y la actuación de los representantes), el Estado tenía la obligación de conducir el proceso adecuadamente y adoptar medidas frente a situaciones que obstaculizaran su avance, lo cual no ocurrió. Además, el transcurso del tiempo impactó a los involucrados, quienes en su mayoría son personas mayores, algunas de las cuales han fallecido.
29 de abril de 2025





