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#CONFLICTOS DE INTERES

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Contraloría General de la República

Endurece exigencias de transparencia

Contraloría imparte instrucciones sobre declaraciones de intereses y patrimonio en procedimientos de contratación pública

El instructivo precisa quiénes deben presentar la declaración de intereses y patrimonio en procedimientos de contratación o ejecución contractual regidos por la ley N° 19.886, regula los plazos y contenidos exigidos, e incluye a funcionarios a honorarios y a quienes intervienen ocasionalmente en dichos procesos

06 de junio de 2026

Imagen: paiscircular.cl
Opinión

Nueva regulación para la extracción de áridos: El cambio regulatorio y sus alcances reales

La nueva ley de extracción de áridos pone fin a la dispersión normativa y a la discrecionalidad municipal, instaurando un sistema de gobernanza mixta con control técnico vinculante de la Dirección de Obras Hidráulicas del Ministerio de Obras Públicas, trazabilidad obligatoria del material y un régimen penal reforzado, aunque mantiene una omisión relevante al excluir los áridos marítimos del nuevo estándar regulatorio.

19 de enero de 2026

Imagen: camposabogados.pe
Opinión

Third Party Funding: oportunidades y riesgos de una modalidad de financiamiento de juicios en expansión

El financiamiento de litigios por terceros (Third Party Funding) se ha consolidado como una herramienta relevante para equilibrar el acceso a la justicia, especialmente en arbitrajes complejos y de alto costo. Sin embargo, su expansión plantea desafíos jurídicos ineludibles, particularmente en materia de conflictos de interés, deberes de revelación y resguardo de la autonomía de la parte financiada. La experiencia comparada y los instrumentos de soft law muestran caminos posibles para regular su uso sin desnaturalizar el proceso arbitral, cuestión que comienza a interpelar también al sistema c

20 de diciembre de 2025

Imagen: santanderopenacademy.com
Opinión

Compliance, probidad y asociaciones de funcionarios (Segunda Parte)

La construcción de una cultura organizacional basada en la probidad, la integridad pública y el cumplimiento normativo en el sector público exige una profunda revisión de las prácticas sindicales, el ejercicio de cargos directivos y las relaciones de poder dentro de los servicios públicos. El autor propone un modelo de compliance que prevenga conflictos de interés, capture institucional y deterioro de la convivencia, extendiendo los estándares éticos a todos los actores del aparato estatal, incluyendo dirigentes gremiales, con el objetivo de garantizar una administración profesional, transpare

23 de septiembre de 2025