Solo el 10% de las denuncias por violencia escolar terminó en fiscalización, advierte la Contraloría

La Contraloría General de la República detectó una falta de fiscalización por parte de la Superintendencia de Educación respecto de los establecimientos educacionales que concentraron la mayor cantidad de denuncias y sanciones por violencia escolar durante 2024 y 2025, en el marco del programa "Convivencia y Salud Mental".

A través del informe N°660 de 2025, la entidad fiscalizadora verificó las acciones desplegadas por la Superintendencia de Educación y la Subsecretaría de Educación para garantizar el cumplimiento de las normas que imponen deberes vinculados a la buena convivencia escolar en los establecimientos del país. La auditoría constató que, pese al volumen de denuncias recibidas, una proporción mínima de ellas fue efectivamente investigada por el órgano fiscalizador sectorial.

El informe consigna que entre 2020 y el 13 de octubre de 2025 se recibieron 35.410 denuncias por violencia escolar a nivel nacional, las que fueron abordadas por la Superintendencia a través de distintos mecanismos, pero solo 1.727 fueron materia de fiscalización propiamente tal, equivalentes a cerca del 10% del total.

La CGR sostuvo que este tipo de denuncias no ha disminuido en los últimos años y que, por el contrario, su aumento sostenido revela que el fenómeno de la violencia en los establecimientos educacionales continúa siendo "de las principales problemáticas que enfrenta la educación escolar pública" en el país.

En paralelo, la auditoría revisó la situación de los estudiantes sancionados con cancelación de matrícula o expulsión en siete colegios emblemáticos: el Instituto Nacional José Miguel Carrera, el Liceo José Victorino Lastarria, el Internado Nacional Barros Arana (INBA), el Liceo de Aplicación, el Liceo Manuel Barros Borgoño, el Liceo 7 de Providencia y el Liceo Carmela Carvajal, ubicados en las comunas de Santiago y Providencia, que concentraron la mayor cantidad de denuncias y sanciones en el período auditado.

El examen detectó que 38 alumnos fueron reubicados o mantienen matrícula vigente en algún otro colegio emblemático o en el mismo establecimiento educacional que aplicó la sanción, sin haber sido reubicados conforme lo establece la legislación vigente.

"El 21% de los alumnos sancionados se reincorporó al mismo establecimiento que los expulsó o canceló la matrícula, donde los directores no hicieron uso de la facultad de oponerse", consigna el informe.

El órgano de control agregó que el 79% restante "se incorporaron a otro de los establecimientos emblemáticos situados entre aquellos con más problemas de violencia", configurando un círculo de reubicación que, según el informe, no se ajusta al estándar exigido por la normativa.

En virtud de los hallazgos, la Contraloría ordenó a la Superintendencia de Educación y a la Subsecretaría de Educación adoptar coordinadamente las medidas pertinentes y regular el procedimiento, así como las facultades de los intervinientes, para la reubicación en nuevos establecimientos educacionales de aquellos estudiantes que hayan sido sancionados con la medida de expulsión o cancelación de matrícula, considerando en particular las aplicadas con motivo de hechos vinculados con violencia escolar.

El informe N°660 de 2025 forma parte de las auditorías que la entidad fiscalizadora realiza sobre el cumplimiento de los deberes legales en materia de convivencia escolar por parte de los organismos del sector educación.