Contraloría ordena sumario en SEGEGOB por publicaciones en redes sociales

La Contraloría General de la República emitió un pronunciamiento en el que instruyó al Ministerio Secretaría General de Gobierno (SEGEGOB) iniciar un proceso disciplinario para determinar eventuales responsabilidades administrativas de los funcionarios involucrados en una serie de publicaciones difundidas en redes sociales a fines de marzo.

El pronunciamiento, emitido el jueves 29 de abril, responde a denuncias recibidas por la entidad fiscalizadora respecto de comunicaciones institucionales del ministerio en plataformas digitales. En su análisis jurídico, la CGR reconoció que la SEGEGOB se encuentra facultada para informar a la ciudadanía mediante redes sociales y emplear términos cotidianos que faciliten la comprensión de sus mensajes, pero precisó que dicha actividad debe ajustarse a principios específicos y al marco normativo aplicable.

El órgano de control sostuvo que la difusión institucional debe ceñirse a una serie de principios:

"y a lo dispuesto en el precitado artículo 3° de la ley N°19.896, para efectos de dar a conocer a la comunidad información acerca de cómo acceder a las prestaciones que otorgan las entidades públicas, o acciones directamente relacionadas con el cumplimiento de sus funciones institucionales propias y cuando resulte necesario difundirlas o publicitarlas".

Respecto del lenguaje específico empleado en las publicaciones cuestionadas, la CGR consignó que el servicio no logró acreditar el sustento técnico de los términos utilizados. El oficio señala que la SEGEGOB no pudo "sustentar fáctica y técnicamente los términos específicos que fueron empleados en la publicación de que se trata".

En el marco del procedimiento, la entidad fiscalizadora consignó que el propio ministerio reconoció que las expresiones empleadas no cumplieron con los estándares de moderación exigidos para las comunicaciones institucionales, situación que pudo generar confusión en la ciudadanía. Por dicho motivo, el contenido fue retirado de las plataformas digitales en que había sido difundido.

A partir de los antecedentes reunidos, la Contraloría adoptó dos decisiones concretas. En primer lugar, ordenó a la SEGEGOB adoptar medidas para evitar nuevas comunicaciones imprecisas a través de sus canales institucionales en redes sociales. En segundo lugar, instruyó iniciar un proceso disciplinario destinado a determinar eventuales responsabilidades administrativas de los funcionarios involucrados en la elaboración y difusión de las publicaciones objetadas.

El ministerio deberá informar a la entidad fiscalizadora sobre el inicio del procedimiento disciplinario dentro del plazo de cinco días hábiles contados desde la notificación del pronunciamiento.

El dictamen reafirma el criterio del órgano de control en cuanto a que la utilización de redes sociales por parte de los órganos de la Administración del Estado, si bien admite un lenguaje accesible y cercano, no exime a los servicios públicos del deber de respaldar técnicamente la información difundida, ajustándose a las funciones institucionales propias y a los estándares de veracidad y moderación exigibles a la comunicación gubernamental.