Medio Ambiente
Cuenta Pública 2025
Primer Tribunal Ambiental inaugurará su año judicial con Cuenta Pública y charla magistral sobre justicia ambiental
La actividad se realizará el próximo 15 de mayo en Antofagasta y contará con exposiciones de la ex presidenta del Tribunal Constitucional, Marisol Peña Torres, y del ex presidente del Tercer Tribunal Ambiental, Michael Hantke Domas. El organismo jurisdiccional especializado fue creado por la Ley N° 20.600 y tiene competencia sobre controversias ambientales en las regiones del norte del país.
El Primer Tribunal Ambiental inaugurará su año judicial y dará su Cuenta Pública correspondiente al año 2025 en una ceremonia que se realizará el próximo 15 de mayo de 2026, a las 12:00 horas, en la Sala de Audiencias del organismo, ubicada en Avenida José Miguel Carrera N°1579, en la ciudad de Antofagasta.
La actividad contará con la participación de diversos expertos nacionales y tendrá como eje central la charla magistral titulada “Justicia Ambiental: cuestiones sobre técnica legislativa y diseño institucional”, la que será dictada por la exministra presidenta del Tribunal Constitucional, Marisol Peña Torres, y por el exministro presidente del Tercer Tribunal Ambiental, Michael Hantke Domas.
Asimismo, el ministro presidente del tribunal, Alamiro Alfaro Zepeda, dará las palabras de bienvenida y un discurso institucional en el marco de la ceremonia.
El Primer Tribunal Ambiental es un órgano jurisdiccional especial autónomo e independiente creado por la Ley N°20.600, publicada el 28 de junio de 2012, normativa que estableció los Tribunales Ambientales en Chile como órganos especializados destinados a resolver controversias medioambientales.
El tribunal comenzó oficialmente sus funciones el 4 de septiembre de 2017 y tiene asiento en la ciudad de Antofagasta. Su jurisdicción territorial comprende las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Atacama y Coquimbo.
De acuerdo con la Ley N°20.600, el Primer Tribunal Ambiental posee competencia para conocer reclamaciones de ilegalidad contra actos administrativos ambientales, demandas por daño ambiental y solicitudes relacionadas con medidas provisionales y sanciones aplicadas por la Superintendencia del Medio Ambiente.
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