Senado inició discusión de proyecto de ley que permite cumplir penas de cárcel mediante reclusión domiciliaria total

El Senado inició la discusión del proyecto de ley que regula el cumplimiento alternativo de penas privativas de libertad, iniciativa de los senadores Francisco Chahuán, Luz Ebensperger, Luciano Cruz-Coke, Alejandro Kusanovic y Carlos Kuschel, busca permitir que, en determinadas circunstancias, las condenas de cárcel puedan cumplirse mediante reclusión domiciliaria total.

La iniciativa fue analizada tanto en general como en particular por la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía del Senado. Antes se rechazó una solicitud de algunos senadores para que el proyecto de ley fuera remitido también para su estudio a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado.

La discusión se abrió con el informe del presidente de la Comisión de Derechos Humanos, senador Francisco Chahuán, quien explicó los alcances del proyecto, estudiado en once sesiones de la instancia. Asimismo, recordó que junto al senador Rojo Edwards realizaron una visita al penal Colina I para constatar en terreno las condiciones de reclusión. Chahuán señaló que el objetivo de la iniciativa es permitir el cumplimiento de penas privativas de libertad mediante reclusión domiciliaria total y recalcó que “no se persigue impunidad, sino la humanización del castigo penal”, particularmente para personas con enfermedades terminales, de modo que puedan enfrentar una muerte digna fuera del recinto penitenciario.

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Gajardo, intervino para expresar el rechazo del Ejecutivo al proyecto. Advirtió sobre las falencias técnicas de la iniciativa y sostuvo que presenta tensiones con el Estatuto de Roma y con la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Además, señaló que el proyecto permitiría que personas condenadas por crímenes de lesa humanidad y por graves delitos contra la indemnidad sexual puedan cumplir sus penas en arresto domiciliario.

Según cifras entregadas por el ministro, entre los potenciales beneficiarios se encontrarían 370 personas condenadas por crímenes de lesa humanidad y 365 condenadas por delitos comunes, de las cuales 192 lo fueron por abusos sexuales, 155 por delitos de violación, 27 por homicidio y 5 por parricidio.

Quienes respaldan el proyecto sostuvieron que su finalidad no es otorgar impunidad, sino asegurar el cumplimiento de las condenas mediante arresto domiciliario total en casos específicos de adultos mayores o personas con enfermedades incurables, argumentando que existen vulneraciones a los derechos fundamentales de personas de edad avanzada privadas de libertad y que es necesario avanzar en alternativas humanitarias que garanticen condiciones dignas.

Por el contrario, desde las posturas críticas se enfatizó que una parte relevante de los eventuales beneficiarios corresponde a personas condenadas por crímenes contra los derechos humanos, en particular delitos de lesa humanidad. En esa línea, se planteó la necesidad de evaluar cada caso de manera individual, considerando factores como el tiempo efectivo de condena cumplido, la colaboración eficaz, la existencia de un arrepentimiento genuino y la opinión de las víctimas. Asimismo, se advirtió que el proyecto, tal como está formulado, presenta deficiencias técnicas y jurídicas y podría poner en riesgo el cumplimiento de las obligaciones internacionales asumidas por Chile en materia de derechos humanos.

En cuanto a su contenido, la iniciativa consta de cuatro artículos. El primero establece cinco principios que deben regir el cumplimiento de la pena penal. El segundo define la reclusión domiciliaria total como la sustitución del cumplimiento de la pena privativa de libertad por el encierro en el domicilio del condenado durante las veinticuatro horas del día, precisando que en ningún caso podrá fijarse como domicilio aquel en el que resida la víctima del delito.

El tercer artículo regula las hipótesis en que el tribunal puede decretar el cumplimiento alternativo de la pena por el tiempo que reste de condena, entre ellas, cuando el interno padezca una enfermedad crónica que no pueda ser tratada adecuadamente en el recinto penitenciario; una enfermedad incurable en fase terminal; una discapacidad que haga inadecuada la privación de libertad por implicar un trato indigno, inhumano o cruel; o cuando se trate de una persona mayor que alcance los 80 años o más, resultado de la suma de su edad real y los años efectivamente cumplidos en prisión, con un mínimo de 70 años de edad.

Finalmente, el cuarto artículo regula el procedimiento para acceder a este régimen, incluyendo la presentación de antecedentes médicos que acrediten la condición del recluso y la obligación de mantenerse bajo monitoreo constante de la autoridad penitenciaria.

Se encuentra pendiente de resolver solicitud de segunda discusión en el Senado.

Vea texto mociónBoletín Nº17.370-17 y siga su tramitación aquí.