Sanciones penales y multa a cuidadores ilegales de autos y limpiaparabrisas proponen diputados

En medio del creciente debate sobre seguridad urbana y uso del espacio público, distintos proyectos de ley ingresados a tramitación en la Cámara de Diputadas y Diputados buscan enfrentar el fenómeno de los cuidadores ilegales de vehículos y limpiaparabrisas mediante la incorporación de sanciones penales y mayores atribuciones para las autoridades.

Una de las iniciativas corresponde al Boletín N°17.539-07, presentado por el diputado Cristián Araya, que propone sancionar el ejercicio ilegal del oficio de acomodador o cuidador de vehículos mediante la incorporación de un nuevo artículo 268 octies al Código Penal.

El proyecto sostiene que, en los últimos años, se ha producido “un importante incremento en el ejercicio ilegal del oficio de acomodador de vehículos”, fenómeno que —según expone la moción— se ha vinculado a hechos de violencia y a agrupaciones que operarían “como verdaderas mafias”, distribuyéndose territorios mediante el uso de la fuerza y desarrollando otras actividades ilícitas, incluida la venta de drogas.

La iniciativa agrega que estas prácticas se han vuelto habituales en barrios gastronómicos y en las inmediaciones de eventos masivos, donde cuidadores informales realizan cobros clandestinos por supuestos servicios de vigilancia de vehículos.

En sus fundamentos, el diputado Araya sostiene que la legislación vigente ha sido “incapaz de hacerse cargo del problema”, puesto que las sanciones actuales se limitan a multas municipales contempladas en ordenanzas locales, las que —afirma— son sistemáticamente ignoradas por quienes ejercen ilegalmente esta actividad. “Hoy no existen herramientas para las autoridades que quieran remover por la fuerza a estas personas mediante su arresto, puesto que las sanciones no son del orden penal”, señala el texto.

La moción añade que los mecanismos de cobranza judicial han resultado ineficaces, debido a que los infractores generalmente carecen de bienes susceptibles de embargo. Como ejemplo, menciona que municipios como Vitacura registran personas con más de 200 multas cursadas por este tipo de conductas.

Por ello, la propuesta plantea establecer penas de reclusión menor en su grado mínimo o multas de 10 a 50 UTM para quienes efectúen cobros ilegales por asistir maniobras de estacionamiento o vigilar vehículos en bienes nacionales de uso público. La reincidencia sería sancionada con reclusión menor en su grado medio. Además, el proyecto dispone que, en caso de reincidencia de personas extranjeras, se configure automáticamente la causal de expulsión contemplada en la Ley N°21.325 sobre Migración y Extranjería.

Paralelamente, otro proyecto —Boletín N°17.405-07— presentado por el diputado José Miguel Castro, propone prohibir el trabajo informal de cuidadores de vehículos y limpiaparabrisas en espacios públicos, estableciendo un sistema obligatorio de autorización y acreditación municipal.

La iniciativa señala que, si bien existen cuidadores de autos que desarrollan esta labor “de manera respetuosa y ética”, también hay grupos que incurren en prácticas abusivas, muchas veces bajo los efectos del alcohol o drogas, exigiendo pagos y generando situaciones de violencia e inseguridad.

El texto menciona además diversos episodios difundidos por medios de comunicación, entre ellos peleas entre cuidadores que terminaron con personas fallecidas y casos de daños a vehículos cuando conductores se negaban a pagar.

En relación con los limpiaparabrisas, el proyecto advierte que, en numerosas ocasiones, estas personas limpian los vidrios sin consentimiento del conductor y luego exigen dinero mediante intimidaciones o amenazas, llegando incluso a provocar daños a los vehículos para obtener pagos. “Este tipo de situaciones no puede continuar”, sostiene la moción, agregando que resulta indispensable que quienes desarrollen estas funciones cuenten con permisos municipales.

La propuesta establece que toda persona que desee realizar actividades de cuidado de vehículos o limpieza de parabrisas en la vía pública deberá contar con autorización y acreditación otorgada por la municipalidad respectiva. Asimismo, faculta a cada municipio para determinar zonas autorizadas, horarios, requisitos y condiciones de funcionamiento.

En caso de ejercer estas actividades sin autorización municipal, el proyecto contempla penas de presidio menor en su grado mínimo y, en caso de reincidencia, presidio menor en su grado máximo junto con multas de 10 UF.

Ambas iniciativas surgen en un contexto de creciente preocupación pública por episodios de violencia asociados a cuidadores informales y limpiaparabrisas en distintas comunas del país, especialmente en sectores comerciales, gastronómicos y de alta circulación vehicular, donde alcaldes y autoridades locales han solicitado mayores herramientas legales para fiscalizar y controlar estas actividades.

Vea texto moción Boletín N°17539-07 y siga su tramitación aquí.

Vea texto moción Boletín N°17405-07 y siga su tramitación aquí.