Proyecto de reforma constitucional busca prohibir doble ingreso estatal para altas autoridades

La moción, de autoría del diputado Jaime Naranjo, patrocinada por los diputados Eric Aedo, Héctor Barría y Felipe Camaño, junto a la diputada Karen Medina, busca modificar la Carta Fundamental a fin de regular el pago de beneficios sociales y previsionales de carácter estatal, respecto del Presidente de la República, senadores y diputados, gobernadores regionales, ministros de Estado, subsecretarios, delegados presidenciales regionales y delegados presidenciales provinciales, funcionarios de exclusiva confianza del Jefe del Estado y de los contratados sobre la base de honorarios que asesoren directamente a las autoridades gubernativas ya indicadas, a fin de que no perciban ayudas sociales por parte del Estado durante el período en que ejerzan su cargo.

Se expone en la moción que, el acceso a los cargos de elección popular ha experimentado una evolución dinámica en los últimos años. Personas que no habían desarrollado una carrera política tradicional lograron ser electas inicialmente para la Convención Constituyente, en particular a través del Partido del Pueblo, y posteriormente para la Cámara de Diputadas y Diputados mediante el Partido de la Gente. Asimismo, personal en retiro de las Fuerzas Armadas y de Orden ha pasado a desempeñar un rol político relevante una vez concluida su carrera institucional, siendo numerosos los ex uniformados que han resultado electos tanto en la Cámara de Diputadas y Diputados como en el Senado.

Agrega la iniciativa que estas situaciones, en el marco de una política fiscal responsable, evidencian la ausencia de una regulación clara, ya que quienes acceden a cargos de elección popular pueden percibir simultáneamente una dieta parlamentaria u otra remuneración asociada al ejercicio del cargo, sin perder los beneficios fiscales que ya recibían con anterioridad. De esta forma, una misma persona puede obtener dos ingresos provenientes del Estado, circunstancia que, a juicio de los impulsores del proyecto, resulta incompatible con los principios de responsabilidad fiscal y probidad pública.

El texto sostiene que esta realidad debe ser objeto de regulación, ya que no resulta aceptable que autoridades perciban doble remuneración con cargo a recursos públicos, más aún en un contexto en que la función política se encuentra cuestionada por la ciudadanía y este tipo de prácticas contribuye a profundizar el deterioro de su legitimidad.

En ese contexto, el objetivo del proyecto de reforma constitucional es regular la entrega de beneficios estatales a las autoridades señaladas en el artículo 38 bis de la Constitución Política, con el propósito de fortalecer la responsabilidad fiscal y evitar la acumulación de ingresos provenientes del erario público por el solo hecho de acceder a un cargo de los allí indicados.

Para ello, se busca incorporar un nuevo tercer inciso al artículo 38 bis de la Constitución Política, del siguiente tenor: “Las autoridades señaladas en el inciso primero del presente artículo que perciba alguna ayuda social por parte del Estado, pensión de las fuerzas armadas y de orden o subsidio entregado por el Estado, dejará de percibirlo por el tiempo que dure el ejercicio del cargo, siendo restituido una vez que cese su función.”

El proyecto de ley, que cumple su primer trámite constitucional, pasó para su estudio a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento de la Cámara de Diputadas y Diputados.

Vea texto moción Boletín N° 18.035-07 y siga su tramitación aquí.