Proyecto de ley propone agravar penas por agresiones de apoderados contra docentes y trabajadores de la educación

Un proyecto de ley fue ingresado a la Cámara de Diputados con el objetivo de modificar el Código Penal y reforzar la protección de la comunidad educativa, mediante la incorporación de nuevas agravantes y el aumento de las penas aplicables a delitos cometidos contra docentes y trabajadores de la educación, especialmente en el ejercicio de sus funciones.

La iniciativa tiene como idea matriz fortalecer la respuesta penal frente a delitos como amenazas, lesiones y maltrato que afecten a profesionales de la educación, asistentes, educadores de párvulos, directivos y demás integrantes del sistema educativo. En particular, pone el foco en aquellos casos en que los hechos son cometidos por personas que mantienen una relación directa con los estudiantes —como padres, madres o apoderados— o cuando ocurren al interior de establecimientos educacionales, sus dependencias o en actividades curriculares o extracurriculares.

Entre sus fundamentos, el proyecto señala que la función docente constituye un servicio esencial para el desarrollo del país, estrechamente vinculado al derecho a la educación consagrado en la Constitución. Sin embargo, advierte que en los últimos años se ha registrado un aumento significativo de situaciones de violencia física y psicológica contra docentes y trabajadores de la educación, lo que afecta el funcionamiento de los establecimientos, deteriora el clima escolar y compromete el interés superior de niños, niñas y adolescentes.

En este contexto, se releva especialmente la gravedad de la violencia ejercida por apoderados, la que —según el proyecto— implica una instrumentalización indebida de la relación educativa, genera un efecto inhibidor en el ejercicio de la labor pedagógica y debilita la autoridad legítima del docente. Si bien estas personas forman parte de la comunidad educativa, se enfatiza que dichas conductas constituyen delitos que, al producirse dentro o en las inmediaciones de establecimientos educacionales, representan un riesgo estructural para la convivencia escolar.

A partir de lo anterior, la iniciativa plantea la necesidad de establecer una señal normativa clara que permita prevenir y sancionar adecuadamente estas conductas, fortaleciendo la autoridad pedagógica y garantizando condiciones mínimas de seguridad para el desarrollo de la función educativa.

En términos concretos, el proyecto propone modificar el Código Penal incorporando una nueva circunstancia agravante en el artículo 12, aplicable cuando el delito sea cometido por padres, madres, representantes legales, apoderados o quienes tengan el cuidado personal del estudiante, en contra de docentes o trabajadores de la educación, con ocasión o motivo del ejercicio de sus funciones en establecimientos reconocidos por el Estado.

Asimismo, se incorpora un nuevo artículo 401 ter, que sanciona con una pena aumentada en un grado a quienes, teniendo la calidad de apoderados o responsables del estudiante, maltraten de obra, amenacen o agredan físicamente a un docente o trabajador de la educación, en el ejercicio de sus funciones o con ocasión de ellas, ya sea dentro o en las inmediaciones de establecimientos educacionales o en actividades formativas, deportivas o extracurriculares vinculadas a estos.

Finalmente, la iniciativa modifica el artículo 296 del Código Penal, estableciendo que las amenazas dirigidas contra docentes o trabajadores de la educación, en razón del ejercicio de sus funciones, serán sancionadas con una pena aumentada en un grado cuando sean perpetradas por padres, madres, representantes legales o apoderados, independientemente de si ocurren dentro, fuera o en las inmediaciones de los establecimientos o en actividades relacionadas.

De este modo, el proyecto busca reforzar la protección penal del personal educativo frente a hechos de violencia que han ido en aumento, estableciendo sanciones más severas y específicas para quienes atenten contra su integridad en el contexto del sistema escolar.

Vea texto moción Boletín N°18.161-07 y siga su tramitación aquí.