Proyecto de ley declara el olivo y la aceituna de Azapa como patrimonio regional y promueve su denominación de origen

Un proyecto de ley ingresado a tramitación en la Cámara de Diputadas y Diputados propone declarar el olivo y la aceituna del Valle de Azapa como patrimonio regional, junto con promover su denominación de origen, reconociendo su relevancia histórica, cultural, agrícola y ambiental en la Región de Arica y Parinacota.

La iniciativa destaca que el olivo, perteneciente a la especie Olea Europaea, es un árbol milenario cuya existencia se remonta a más de 12.000 años, con presencia documentada en diversas culturas y religiones, donde ha simbolizado paz, prosperidad y consagración. Su origen se sitúa en el Mediterráneo oriental, desde donde fue difundido por fenicios, griegos y romanos, llegando posteriormente a América durante la época colonial.

Según registros históricos, el olivo fue introducido en el Virreinato del Perú en 1560 por Antonio de Ribera, y posteriormente se expandió hacia Chile, donde encontró condiciones óptimas de clima y suelo, consolidándose especialmente en el Valle de Azapa. En esta zona, ya en el siglo XVII, se desarrolló una industria agrícola altamente tecnificada, con sistemas de riego avanzados y producción de aceitunas consideradas de alta calidad, incluso superiores a las españolas.

El desarrollo de la olivicultura en Azapa estuvo vinculado al contexto económico de la época, en particular al rol del puerto de Arica como conexión con Potosí, así como a la participación de mano de obra indígena y esclava africana, lo que dio lugar a un proceso de sincretismo cultural que forma parte de la identidad regional, especialmente del pueblo tribal afrodescendiente.

Pese a su relevancia histórica y cultural, el proyecto advierte que el olivo enfrenta actualmente diversas amenazas, como la escasez hídrica, la sobreexplotación de acuíferos, la expansión urbana, la fragmentación de terrenos agrícolas y la competencia desleal por la comercialización de aceitunas provenientes de otras regiones o del extranjero bajo la denominación de “aceitunas de Azapa”.

Asimismo, se mencionan problemas como la disminución de la superficie destinada al cultivo del olivo, la presión de plagas y enfermedades, la baja asociatividad entre productores y la falta de relevo generacional, factores que han incidido en una caída de la producción, con reducciones de hasta un 30% en 2024.

En este contexto, la iniciativa busca establecer un marco legal que permita reconocer, proteger y promover el olivo y la aceituna de Azapa, así como su sistema productivo y patrimonio asociado, incluyendo paisajes agrícolas, saberes tradicionales y prácticas culturales. Para ello, se propone declarar de interés público regional su conservación y valorización, sin que ello implique por sí solo una declaratoria de Monumento Nacional.

El proyecto contempla la participación del Estado, municipios, comunidades indígenas, el pueblo tribal afrodescendiente y organizaciones productivas en la protección del patrimonio olivícola, así como la posibilidad de promover declaraciones patrimoniales específicas conforme a la normativa vigente. Además, faculta al Ministerio de Agricultura para fomentar la investigación, la transferencia tecnológica y la protección de variedades locales, junto con incentivar buenas prácticas agrícolas y ambientales.

Asimismo, se establece la protección de la denominación de origen “Aceituna de Azapa”, asegurando su autenticidad, calidad y trazabilidad, y promoviendo su reconocimiento conforme a la legislación de propiedad industrial. También se incorpora el respeto a principios de sostenibilidad ambiental, protección de la biodiversidad y uso eficiente de los recursos hídricos, en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

En materia educativa y cultural, la iniciativa propone integrar la difusión del patrimonio olivícola en programas regionales, y reconoce la participación de comunidades locales en la elaboración de planes de manejo y procesos de declaración patrimonial.

Finalmente, el proyecto establece que su implementación deberá ajustarse a los recursos y competencias existentes, contemplando la dictación de reglamentos por parte del Ejecutivo dentro de seis meses desde la publicación de la ley, con el fin de asegurar la aplicación efectiva.

Vea texto mociónBoletín N°18177-01 y siga su tramitación aquí.