Proyecto de ley busca prohibir y sancionar toda forma de utilización de la mujer como vientre de alquiler

La moción de autoría del diputado Juan Irarrázaval, que está patrocinada por los diputados Héctor Barría, Felipe Donoso, junto a las diputadas Helia Molina, Francesca Muñoz, Ximena Ossandón y Consuelo Veloso busca modificar una serie de normas para prohibir todo tipo de práctica que involucre que una mujer geste con el fin de que sean entregados a un tercero luego de nacer.

Según plantean sus autores, la maternidad subrogada supone una utilización del cuerpo de la mujer con fines ajenos a su propia dignidad y reduce al niño o niña a una pieza dentro de un acuerdo contractual. A su juicio, esta práctica tensiona principios básicos del ordenamiento jurídico, como el respeto a la dignidad humana, el carácter indisponible del cuerpo y la protección del interés superior del niño. También se advierte que genera confusión en los vínculos de filiación, afecta la construcción de la identidad personal del hijo y rompe el vínculo afectivo que se desarrolla de manera natural entre la mujer gestante y el recién nacido durante el embarazo.

Desde el ámbito jurídico, el proyecto subraya que la filiación y el estado civil no son materias disponibles para la autonomía de la voluntad, sino cuestiones de orden público. En ese sentido, se descarta la idea de un supuesto “derecho a tener un hijo” que pueda ser exigido al Estado y se cuestiona una comprensión contractual de la maternidad subrogada, en la medida en que termina desconociendo los derechos propios del niño o niña, tratándolo como un objeto de intercambio.

Asimismo, se hace presente que incluso aquellas modalidades presentadas como altruistas han dado origen, en la práctica, a una industria altamente rentable, en la que participan intermediarios, centros médicos, laboratorios y distintos profesionales. Este escenario, advierten los patrocinantes, expone a mujeres en situación de vulnerabilidad a riesgos de abuso y explotación, y ha favorecido la aparición de fenómenos como el llamado turismo reproductivo. En apoyo de esta preocupación, se citan antecedentes internacionales y regionales que dan cuenta de redes organizadas y prácticas abusivas asociadas a este tipo de gestación.

Sobre la base de estas consideraciones, la iniciativa propone, en primer lugar, declarar la nulidad de pleno derecho de todo contrato de gestación por sustitución, estableciendo que la filiación materna queda determinada exclusivamente por el parto. En segundo término, se incorporan nuevas figuras penales orientadas a sancionar la intermediación, promoción y realización de estas prácticas, especialmente cuando exista lucro o aprovechamiento de situaciones de vulnerabilidad. Finalmente, se introducen modificaciones en la normativa sanitaria y en la legislación sobre adopción, con el fin de prevenir y desalentar este tipo de conductas.

El proyecto de ley, que cumple su primer trámite constitucional, fue aprobado en general por la Comisión de Familia de la Cámara de Diputados y le corresponde continuar su tramitación legislativa.

Vea texto moción Boletín N° 17337-07 y siga su tramitación aquí.