Proyecto de ley busca prohibir que usuarios financien sus propias compensaciones por cortes eléctricos

La moción, patrocinada por los Diputados Héctor Barría, Felipe Camaño, Ricardo Cifuentes (A), Gaspar Rivas y Alberto Undurraga, junto a las Diputadas Mónica Arce y Karen Medina, busca modificar la ley N°18.410, que Crea la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, y la Ley General de Servicios Eléctricos, con el objeto de establecer medidas que prohíban que el costo asociado a las compensaciones a los clientes, derivadas de interrupciones del suministro eléctrico, sea financiado total o parcialmente mediante cargos aplicados a los propios usuarios.

Exponen los autores del proyecto de ley, que en un giro inesperado que ha causado conmoción en el sector eléctrico chileno, se ha revelado que, desde junio de 2024, la mayoría de las empresas distribuidoras de energía eléctrica han estado incluyendo en las facturas mensuales de sus clientes dos cargos adicionales que suman el 0,52% del total, destinados a financiar las propias compensaciones que estas compañías deben pagar a los usuarios por interrupciones del servicio.

Agregan que situación salió a la luz gracias a una investigación de CIPER, y ha sido confirmada por la Comisión Nacional de Energía (CNE). El controversial mecanismo se implementó en el marco del reajuste del Valor Agregado de Distribución (VAD), costo que los clientes pagan mensualmente por el uso y mantención de las redes eléctricas.

La CNE ha reconocido que, desde marzo de 2025, la nueva tarifa por el servicio de distribución incluye el financiamiento de futuras compensaciones, correspondiente a un 0,51% de la cuenta tipo. Este cargo, al estar incluido en el VAD, no se detalla explícitamente en las facturas, lo que ha sido criticado como una falta grave a la transparencia.

Explican que el origen de esta polémica medida se remonta al prolongado retraso en la definición de la tarifa VAD para el periodo 2020-2024, causado por desacuerdos entre la CNE y las compañías eléctricas sobre montos tarifarios y criterios de inversión. El mecanismo de compensación fue finalmente acordado en 2023 y actualmente se aplica en 9 de las 12 Áreas Típicas de Distribución a nivel nacional, afectando a casi siete millones de clientes residenciales.

Añaden que esta revelación ha generado un intenso debate sobre la necesidad de prohibir expresamente que este tipo de cobros se apliquen a los clientes regulados, ya que contradice el espíritu de la ley de compensaciones. Además, se ha planteado la importancia de establecer plazos claros para que el Panel de Expertos emita dictámenes en caso de discrepancias entre la CNE y las distribuidoras, evitando así que las empresas ejerzan presión para incorporar cobros adicionales en el VAD.

Expertos del sector sugieren que la ley debería disponer que, en ausencia de un acuerdo dentro del plazo establecido, se mantenga vigente la tasa aplicada en el período anterior, protegiendo así los intereses de los consumidores.

En definitiva, la iniciativa propone modificar la ley N°18.410, que Crea la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, y la Ley General de Servicios Eléctricos, para prohibir trasladar compensaciones a los usuarios, que las empresas concesionarias incluyan, trasladen o cobren de cualquier forma el monto de las compensaciones por cortes de servicio en las facturas de los usuarios regulados, y que cualquier cobro que viole esta prohibición sea sancionado administrativamente, otorgando acciones para solicitar la devolución en caso de incumplimiento. Asimismo, se establece un plazo máximo de 5 meses para que el Panel de Expertos emita su dictamen sobre discrepancias tarifarias y en caso que no se resuelvan las discrepancias en este plazo, se mantendrá vigente el dictamen del período anterior.

Vea texto moción Boletín Nº17.766-08 y siga su tramitación aquí.